La Sala de lo Penal del Supremo en pleno fijará criterio sobre si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia es o no competente para juzgar a dos diputadas autonómicas populares y otros altos cargos valencianos en relación con los contratos de Fitur con la trama Gürtel.

Los magistrados de este tribunal Joaquín Giménez, Miguel Colmenero, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Perfecto Andrés Ibáñez se ocuparon ayer del asunto, pero decidieron que deberá ser un pleno de todos los miembros de la Sala de lo Penal el que resuelva la cuestión.

Así, será un pleno no jurisdiccional de la Sala Penal el que determine el criterio general sobre de quién es la competencia en casos de que un aforado renuncie a su cargo, criterio que luego se aplicará a este caso.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de declararse no competente para celebrar el juicio y dejar el caso en manos de la Audiencia Provincial, después de que renunciaran a sus escaños las diputadas autonómicas implicadas Angélica Such y Milagrosa Martínez.

Para el TSJV la renuncia de las diputadas conllevaba necesariamente su falta de competencia, por carecer todos los acusados de la condición de aforados, pero la Fiscalía recurrió al entender que las diputadas abandonaron el escaño cuando ya se había señalado el juicio contra ellas.

El juicio que quedó suspendido en el TSJV se abrió por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

Además de las dos exconselleras y exdiputadas del PP están acusados el exjefe de Gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, ya condenado por la causa de los trajes, y también otros altos cargos valencianos y supuestos miembros de la red: Isaac Vidal, Jorge Miguel Guarro, Ana María Grau, Juan Bover, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.