El Consejo de Garantías Estatutarias validó ayer por mayoría la constitucionalidad del dictamen de la ley catalana de consultas populares no refrendarias, aunque lo hizo con el voto en contra de cuatro de sus nueve miembros.
El dictamen, de 159 páginas y que ayer fue entregado al Parlament, avala de forma íntegra la norma que, de aprobarse definitivamente, servirá como marco legal al gobierno catalán para convocar la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre.
El Consejo de Garantías, órgano consultivo de Cataluña, entiende que la proposición de ley es constitucional tras analizar una serie de aspectos como el objeto de la consulta, el registro de participación de votantes, el decreto de la convocatoria, la definición y composición de las comisiones de seguimiento o la votación anticipada.
El Consejo, en cambio, no se pronuncia, tal y como solicitó el PPC, sobre la doble pregunta de la consulta del 9N, que incluye la independencia como opción, al entender que su naturaleza es la de un acuerdo de índole política, "con todo el impacto político y ciudadano que se le quiera atribuir", pero que, a efectos de su labor consultiva, "está falto de consecuencias jurídicas".
"El dictamen pone de manifiesto de manera contundente que la ley es plenamente constitucional y se adecúa totalmente al Estatut. La consulta se convocará", señaló el conseller de Presidencia, Francesc Homs.