El Gobierno presentó ayer a las víctimas de delitos un Estatuto que nace con el objetivo de ser el catálogo general de sus derechos procesales y extraprocesales, de los que podrán disponer tanto si están personadas en un proceso judicial como si no, y que prevé protocolos específicos para cada colectivo.
Junto a los ministros del Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Jorge Fernández Díaz y Ana Mato, respectivamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dio a conocer el Estatuto en el Palacio de Parcent, sede de su departamento.
Según anunció, el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito aprobado el pasado 25 de octubre por el Consejo de Ministros recibirá el visto bueno del Gobierno, ya como proyecto de ley, el próximo viernes. Con este y otro proyecto de ley, el que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se transponen tres directivas europeas a la legislación española.
Lo que se pretende es que los poderes públicos ofrezcan una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica sino también social, a los problemas que se les puedan plantear a las víctimas directas y también a las indirectas, es decir, a los familiares en caso de fallecimiento o desaparición, entre los que por primera vez se incluirá a los hijos de su pareja si convivían con ella.
Para que tengan las máximas facilidades en el ejercicio y tutela de sus derechos, se reducirán aquellos trámites innecesarios que supongan una "segunda victimización", como eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y producirle algún trauma, y se otorgará información orientación sobre los derechos.