La Comisión Europea (CE) ha anunciado hoy la apertura de una investigación formal sobre una "posible manipulación" de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas, referidas a gasto sanitario.
El Gobierno valenciano ha explicado que la investigación se refiere a datos de 2011 y ejercicio anteriores, cuyas facturas se incorporaron al mecanismo extraordinario del Plan de pago a proveedores de julio de 2012, lo que "supuso que afloraran todas" las facturas "no registradas hasta ese momento".
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han informado en un comunicado de que los datos de gastos sanitarios suministrados por la Comunitat Valenciana corresponden a los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
Hacienda señala que fueron las propias autoridades estadísticas españolas las que detectaron en mayo de 2012 la existencia de gastos realizados y erróneamente no notificados por los responsables de la Comunitat Valenciana.
Estos hechos fueron notificados "formalmente y de forma inmediata" por España a los responsables de Eurostat, que realizaron una visita técnica los días 24 y 25 de mayo de 2012, por lo que "no hubo" ningún tipo de "ocultación ni actuación irregular de España, que siguió los procedimientos habituales", añade.
Según Hacienda, Eurostat "no ha rectificado ningún dato de los que ha proporcionado España en sus notificaciones de Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) desde abril de 2012, y sí ha confirmado "la calidad y exactitud de los datos comunicados por España". Por ello, añade, "no procede realizar ninguna rectificación sobre los mismos".
La Generalitat asegura por su parte que ya ha adoptado las medidas oportunas frente a esa situación; anuncia que colaborará "de la forma más amplia posible para solucionar aquellas dudas" que le puedan surgir a la CE, y pide esperar los resultados de la investigación antes de "llegar a cualquier tipo de conclusión por parte de terceros".
La portavoz de la CE Emer Traynor ha insistido en rueda de prensa en que esta investigación sobre la declaración de datos "inexactos" en la Comunitat Valenciana no pone en duda la exactitud de las estadísticas nacionales españolas.
El Ejecutivo comunitario examinará si la información errónea fue publicada de manera "deliberada" o si fue "una grave negligencia" en la declaración de los gastos de la región, para ver si esto pudo tener un impacto en los datos oficiales de déficit y deuda "durante varios años", según un comunicado.
La CE "entiende que se trata de un problema que viene de lejos en la región de Valencia, y la investigación analizará en detalle durante cuánto tiempo ha sucedido y dónde se sitúa la cadena de responsabilidades".
Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en 2012 y afirmaron que revisarían el déficit al alza en un 0,4 % "porque habían descubierto estas facturas sin notificar en la región", explicó Traynor.
Es la primera vez que la Comisión recurre a sus nuevas competencias de supervisión macroeconómica, para investigar las sospechas sobre la manipulación de datos de deuda y déficit en un Estado miembro, y de confirmarse la manipulación podría aplicar sanciones de hasta el 0,2 % del PIB.
La portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, ha expresado su "preocupación" por la investigación y ha indicado que la Generalitat abrirá un expediente informativo al respecto, "cuanto menos".
El Gobierno valenciano ha defendido que desde el momento en que afloraron esas facturas "decidió tomar las medidas necesarias e ineludibles en la línea de la transparencia y el control presupuestario", como el Registro único de facturas, la contabilización en quince días y la factura electrónica.
Según el Ejecutivo valenciano, el informe de 2012 de la Sindicatura de Comptes (el equivalente al Tribunal de Cuentas) destacó que la Generalitat estaba "cumpliendo con sus obligaciones" y dejaba claro que, "por primera" vez la Generalitat no tenía "facturas en los cajones".
El Gobierno valenciano reivindica el "enorme esfuerzo" hecho en los últimos años para regularizar las obligaciones no reconocidas en años anteriores, todas las cuales han sido registradas en la contabilidad pública, "gestionando así de forma adecuada" la tramitación del mecanismo especial de pago a los proveedores de la Generalitat.
La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha afirmado que las posibles irregularidades se produjeron en el periodo 2008-2011, cuando el actual Ejecutivo no estaba en el poder, lo que hizo "que en el momento que las detectó las registrara", y ha insistido en que la investigación no afecta a las cuentas de España.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado la "absoluta" disposición del Ejecutivo a colaborar con las instituciones europeas sobre esta investigación.
Los partidos de la oposición en la Comunitat Valenciana han pedido explicaciones inmediatas al Consell, mientras que la coalición Compromís ha anunciado su personación ante la comisión de investigación de la UE y ha considerado que el "falseamiento" de las cuentas podría venir de 2003 y superar los 6.000 millones de euros.