Siete concejales del Ayuntamiento de Santiago de Compostela han sido condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir en junta de gobierno sufragar con cargo al erario público la defensa de un compañero imputado en la operación Pokemon. El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado. El acuerdo en la mencionada junta de gobierno fue denunciado por una particular y la Fiscalía siempre mantuvo su petición al entender que no habían defendido lo público.