El juez Pablo Ruz pidió ayer al Partido Popular (PP) que aporte en cinco días copia de las escrituras por las que desde 2007 se le otorgaron a Luis Bárcenas los poderes como gerente y tesorero, así como las de la revocación de estos mismo poderes, en el marco de la investigación sobre un posible fraude tributario del partido.
Ruz hizo este requerimiento al PP a través de una providencia con el objeto de contrastar lo declarado el pasado jueves por el extesorero sobre la revocación de sus poderes "respecto de la eventual responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar al PP por los hechos objeto de instrucción".
En su comparecencia del pasado día 10, el extesorero contradijo la versión ofrecida el pasado 14 de agosto por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que en verano de 2009 Bárcenas dejó su puesto como tesorero del PP y que ella le revocó entonces todos los poderes.
En su última declaración, Bárcenas sostuvo que no fue hasta marzo de 2010 cuando dejó de poder firmar en representación del partido y aseguró que podía demostrarlo porque después de la fecha que dijo Cospedal renovó la inversión que tenía el partido en letras del Tesoro en Banco Popular.
Según fuentes jurídicas, ese posible delito tributario del PP estaría también relacionado con el pago de 200.000 euros que se hizo supuestamente en B desde la sede central del partido a la de La Rioja para la compra y reforma de su nueva sede popular.
En esta misma resolución, Ruz pide también a la Agencia Tributaria que en el plazo de cinco días le remita las actuaciones que tenga sobre Unifica, la empresa que hizo las reformas de la sede de Génova, en relación al impuesto sobre sociedades e IVA en los periodos de 2008 y 2009.
Por otra parte, Ruz solicitó a varias entidades bancarias información sobre todos los movimientos que realizaron Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias; y su hijo, Guillermo Bárcenas Iglesias; entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013.
Así consta en un auto en el que el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 realiza una serie de diligencias para rastrear la "posible repatriación de fondos de procedencia indiciariamente ilícita" que Bárcenas tenía en Suiza, que alcanzaron los 48,2 millones de euros en enero de 2008.
Ruz señala en su resolución, adoptada cinco días después de la última declaración de Bárcenas y su esposa, que, según varios informes que forman parte del procedimiento, los fondos que el extesorero y su esposa tenían en Ginebra "podrían proceder de fondos del Partido Popular cuya gestión tenía aquel encomendada" como tesorero.