El falso cura que retuvo en su domicilio a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas el 23 de octubre de 2013 tiene unas ideas distorsionadas de la realidad social española y la necesidad de "salvar a España de la situación política en la que vive", según una psiquiatra médico-forense.
En la segunda y última sesión del juicio, la experta ha explicado que el procesado, Enrique O.G., padece un trastorno mixto de la personalidad con rasgos narcisistas, antisociales y paranoides.
La psiquiátrica médico-forense ha precisado que el acusado comprende la diferencia entre las conductas lícitas y las ilícitas, por lo que su capacidad cognitiva está intacta, aunque su capacidad volitiva está alterada.
Ha detallado que el procesado tiene unas ideas "distorsionadas" de la realidad social española, piensa que hay mucha gente descontenta con esa situación y se erige "en salvador de las personas que no están dispuestas a actuar".
El acusado cree que en España está ocurriendo algo injusto, ante lo que él piensa que debe reaccionar y tiene la necesidad de "salvar a España de la situación en la que vive", ha agregado.
La médico-forense ha indicado que, para examinar al acusado, se utilizó una entrevista psiquiátrica, aunque no tuvo acceso a la información biográfica del procesado, que estuvo ausente de España durante cuarenta años.
Según la facultativa, el acusado estuvo en las guerrillas nicaragüenses, donde adquirió cierto aprendizaje que aplicó a los hechos.
Durante la sesión, un perito que examinó el arma de fuego que utilizó el falso cura para amenazar a la familia Bárcenas es un revólver del primer tercio del siglo pasado, con restos de óxido, cuyo "funcionamiento operativo es correcto".
El acusado, Enrique O.G., se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión por la supuesta comisión de tres delitos de detención ilegal, dos de coacciones y uno de tenencia ilícita de armas, y tres faltas de lesiones.
La acusación particular ejercida por la familia Bárcenas solicita una condena de entre 25 y 29 años de prisión para el acusado, mientras que la defensa pide su absolución al estimar que se le debe aplicar la eximente de alteración mental.