El Gobierno aprobó ayer la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé que las instrucciones en la Audiencia Nacional sean realizadas por tres jueces en lugar de uno como hasta ahora, e introduce como aforados ante el Tribunal Supremo a la reina y a los príncipes de Asturias.

En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó el anteproyecto como "el más importante" que aborda el ministerio en la presente legislatura, puesto que "configura la nueva justicia en España durante el siglo XXI".

"Esto no es una reforma, es una ley nueva", destacó Gallardón, al recordar que es la tercera vez desde la aprobación de la Constitución de 1812 que se modifica la norma, sobre la cual se ha trabajado más de dos años, dijo, cuando en marzo de 2012 el Gobierno encargó un borrador a una comisión de expertos.

Desde entonces, el Ministerio ha promovido un debate que ha desembocado en un texto "intenso y extenso" de 666 artículos, que "exigía partir de una visión crítica con la situación actual, sobre todo en relación con la insatisfacción de los ciudadanos por los tiempos de respuesta", dijo.

"Tenemos profesionales bien formados, pero sin los instrumentos adecuados para trasladar su vocación en un sistema ágil", aseguró el titular de Justicia al precisar que "lo que falla es el sistema".

Entre las principales novedades, el texto plantea que las instrucciones de cualquier causa que realice la Audiencia Nacional sean llevadas a cabo a la vez por tres jueces en lugar de solo por uno, como ocurre ahora en todos los casos.

Con esta medida, explicó Gallardón, se pretende elevar el "umbral de garantías", "diluir la presión sobre el juez único favoreciendo la corresponsabilidad" y "promover la agilización del proceso".

El articulado también introduce que serán aforados ante el Tribunal Supremo la reina consorte, el consorte de la reina y los príncipes de Asturias. Ruiz-Gallardón afirmó que no tiene ningún sentido que, por ejemplo, un ministro esté aforado ante el Supremo y que el príncipe heredero de la Corona o la reina no. "Era una disfunción que carecía completamente de sentido", recalcó.

El anteproyecto de ley, que ahora será remitido a los órganos consultivos del Estado, persigue como objetivo agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con tres medidas principales.

Se tratan de la reorganización de los tribunales a través de la puesta en marcha de los tribunales provinciales de instancia, una mayor especialización judicial y una reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Supremo.

En relación a este punto, Gallardón dijo que el texto concede más uniformidad y coherencia al alto tribunal que tachó como el "gran activo de la Justicia en España" al establecer el carácter vinculante de su doctrina jurisprudencial para el resto de tribunales inferiores, entre otras cuestiones más.