La juez de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, impuso ayer una fianza civil de 3.323.672 euros a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y de un total de 40 millones a tres ex secretarios técnicos de la Consejería de Empleo. La juez, en sendas resoluciones, impuso a Rivas esa fianza por su "conocimiento y participación activa" en los expedientes de Mercasevilla, Aglomerados Morell, Surcolor, Calderinox e Intesur, en los que, entre otros, fueron incluidos como "intrusos" tres conocidos y dos cuñados suyos. Rivas, delegado de Empleo entre el 2000 y el 2010, autorizó un "considerable número de expedientes de regulación de empleo" con subvenciones otorgadas "con total ausencia de procedimiento" y en los que él mismo influyó para incluir a personas que nunca habían trabajado en las empresas, según el auto. La juez embarga un piso, un coche y una cuenta bancaria del exviceconsejero de Empleo de la Junta Por otra parte, Mercedes Alaya decretó el embargo de un piso, un coche y una cuenta bancaria propiedad del exviceconsejero autonómico de Empleo Justo Mañas a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros que le impuso en octubre de 2013. Por medio de un decreto, la secretaria del juzgado señala que el imputado ha ofrecido en garantía de la fianza civil un piso ubicado en la capital hispalense, un vehículo Citroën Xsara Picasso y una cuenta bancaria. Según indica la secretaria, dichos bienes "en principio no se estiman suficientes" para cubrir la fianza civil "teniendo en cuenta las cantidades que se le exige", por lo que embarga los bienes designados y también decreta el embargo telemático de sus saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
