El portavoz de la llamada Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, ha advertido hoy de que es "extremadamente difícil, si no imposible" que este grupo continúe su labor para el desarme de ETA si no recibe el aval de las instituciones.

Manikkalingam ha hecho esta advertencia en un comunicado difundido hoy, mientras arreciaban las críticas de PP, UPyD y de la Fundación de Víctimas a los "verificadores" y al lehendakari, Iñigo Urkullu, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayaba que las fuerzas de seguridad culminarán la disolución de ETA si ella no lo hace.

El portavoz de la Comisión de Verificación ha señalado que los últimos acontecimientos, entre ellos la citación a miembros de este grupo a declarar ante el juez, ponen en evidencia las dificultades para que ETA ponga "fuera de uso operativo la totalidad de sus armas, municiones y explosivos".

Por ello, cree que ahora corresponde a los "gobiernos, líderes políticos y ciudadanos" decidir cómo debe realizarse ese proceso.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido, sin embargo, que mientras ETA no entregue las armas y decida desaparecer las fuerzas de seguridad seguirán con su trabajo para lograr su disolución.

Ha puesto en entredicho el papel de los "verificadores", ya que si ETA da "la geolocalización y las coordenadas de sus zulos y de sus arsenales", la Policía y la Guardia Civil comprobarán si efectivamente entregan su armamento.

Distintos dirigentes del PP también han criticado la escenificación de la entrega de armas, como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que la ha tachado de "tomadura de pelo", al tiempo que ha reprochado a Urkullu y a los socialistas vascos haber dado de forma "bochornosa" a los verificadores "toda la credibilidad".

"Pamema" ha sido la palabra utilizada por el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, para referirse a esa exhibición de cuatro armas de fuego que luego ETA guardó en una caja.

Hernando cree además que Urkullu "ha cometido un error" al contribuir a dar "mayor publicidad y propaganda" al "sainete que ha montado la banda terrorista".

El eurodiputado popular Carlos Iturgaiz ha ido más allá al considerar que los verificadores deberían ser detenidos y no tendrían que volver a pisar suelo español porque "están al servicio de ETA".

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha opinado que el lehendakari debería dimitir, mientras que la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha advertido a los verificadores de que las armas de ETA son pruebas judiciales de crímenes no esclarecidos, por lo que deben ser entregadas a las autoridades y no vale con "enseñarlas" ni, incluso, con destruirlas.

El secretario general de Organización del PSOE, Óscar López, ha respondido a las críticas de Cospedal y le ha pedido que "no meta a ETA en campaña", además de exigirle unidad en la lucha contra el terrorismo.

"En la vida y en esta materia es mejor siempre ir hacia adelante que hacia atrás", ha zanjado López. También la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha recalcado que lo que quiere su partido es la disolución de ETA, algo que "pasa de forma ineludible por la entrega total de las armas".

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha reconocido que la escenificación de entrega de algunas armas por parte de ETA fue "manifiestamente mejorable", aunque ha pedido que se valore esa "gota de agua en un desierto".

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha avisado por contra de que "poco más puede hacer (ETA) en ese camino del desarme si no cuenta con un mínimo de garantías por parte de los gobiernos", mientras que Amaiur pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "asuma su responsabilidad" en el "proceso de paz" y "deje atrás estrategias de guerra".

La polémica generada desde el pasado viernes no sólo ha suscitado infinidad de reacciones políticas, sino que ha provocado la suspensión del acto organizado por Lokarri para este miércoles en San Sebastián para "impulsar el proceso".

Ya estaba confirmada la presencia de Jonathan Powell, exjefe del gabinete de Tony Blair, y se esperaba asimismo la presencia del líder del Sinn Féin, Gerry Adams, y del ex primer ministro irlandés Bertie Ahern.

Lokarri ha explicado sin embargo que "no era el momento adecuado" para llevar a cabo el encuentro.