La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha rechazado dividir el procedimiento en piezas separadas bajo el argumento de que "en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas", entre las que cita "a los diferentes cargos políticos y técnicos" de la Junta de Andalucía que "en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas".

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya se pronuncia de este modo al rechazar el recurso interpuesto por el abogado de la expresidenta del consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, a fin de que abriera una pieza separada sobre su caso en concreto.

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que la imputada, "lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como ''trama política'', se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos --como así se deduce de la declaración del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero-- para conseguir elevadas subvenciones".

A su juicio, la imputada conocería que dichas subvenciones "se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, o por el órgano concedente, el fin público o el interés social de tales ayudas públicas, sobre todo cuando como es el caso las mismas se imponían como parte de una estrategia empresarial sobre la seguridad que se iba a disponer de tales fondos públicos".

CAUSA "INESCINDIBLE"

Por todo ello, argumenta la juez, "al menos en el estado actual de la presente causa, al amparo del artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con independencia de cada empresario o directivo, la causa se configura como inescindible, pues en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas".

"Nos referimos primero a los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años, y en segundo lugar a los intermediarios que, alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés", asevera la instructora.

En conclusión, la juez insiste en que, "hasta la fecha, no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma, como así se expuso también por la Audiencia Provincial" en su auto de 13 de diciembre de 2013.

IMPUTA AL JEFE DE CAJA Y CONTABILIDAD DE MERCASEVILLA

La juez Mercedes Alaya ha imputado al jefe de Caja y Contabilidad de Mercasevilla, José Manuel Pulido Pino, en la causa donde se investiga un presunto delito societario en esta sociedad mixta, que registra ya un total de ocho personas imputadas.

En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla entiende que de lo declarado el pasado viernes por la exdirectora de Estructuras de Mercasevilla Regla Pereira "se desprende que pudiera existir otra persona implicada", como es José Manuel Pulido, al que cita a declarar como imputado este jueves día 30 de enero.

Y es que la juez entiende que el nuevo imputado "sería conocedor por su cargo de jefe de Caja y Contabilidad de Mercasevilla de los diferentes hechos que son objeto de la investigación de la presente causa".

Regla Pereira compareció el pasado viernes ante la magistrada, que le imputó un delito societario y otro de malversación de caudales públicos a cuenta de la beca financiada por el mercado central hispalense en favor de la hija del ya expresidente de la asociación de mayoristas de pescado Antonio Vela.

Durante su declaración, Regla Pereira defendió que fue el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet quien le "indicó" que "había que realizar unos pagos a Carmen Vela Maldonado en concepto de promoción de estudios", señalando la "orden" dada por Mellet en ese sentido y admitiendo que ella fue quien se "encargó" de dichos pagos.

La imputada reconoció asimismo, que "más del 50 por ciento de las actividades y proyectos de la fundación se apartaban de los fines de la misma", aludiendo en este sentido a "un foro jurídico, unas jornadas sobre la Ley de Dependencia o unos cursos de "mediación de la Policía Local".

EL "MODUS OPERANDI"

El "modus operandi" en el caso de la beca fue, según manifiesta, "parecido al que se había realizado con anterioridad" en otros casos, pues Mellet habría "ordenado pagos" en favor de una banda de música o al Colegio Andalucía a través de "convenios" firmados por los ya exconcejales de Mercasevilla y otrora presidentes de Mercasevilla Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo, aunque dijo desconocer si se trataba de "subvenciones a actividades propias" de las delegaciones municipales que dirigían tales ediles.

Finalmente, aludió al papel del departamento de Caja y Contabilidad de Mercasevilla en los pagos mencionados, manifestando que José Manuel Pulido dirigía este área y en la misma trabajaban de manera "externa" José Antonio Ripollés y Pilar Giraldo.

Además de Pereira y Pulido, en esta causa figuran como imputados los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exdirectora del área económica y de contabilidad Pilar Giraldo; el expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela y su hija, y José Ignacio Alonso Rivero, "socio y firmante de la auditoría de cuentas anuales de Mercasevilla, relativas al ejercicio 2008, elaborada por ''Price Waterhouse''".