Organizaciones de mujeres y sindicatos han pedido la retirada de la reforma de la ley del aborto ante el Consejo de Participación de la Mujer, un órgano consultivo cuyo pleno preside la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
En un escrito, firmado por la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, CCOO y UGT, entre otras, muestran su oposición al anteproyecto de ley del aborto, "que supone un retroceso flagrante para los derechos de las mujeres".
Argumentan que la actual ley "es garantista" de los intereses de las mujeres, los profesionales que intervienen en la interrupción del embarazo y de la ponderación "que se requiere con respecto al nasciturus como bien jurídico protegido".
Para estas organizaciones, la actual legislación de plazos reconoce a las mujeres la efectividad de sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, el derecho a decidir sobre sí mismas, su sexualidad y su maternidad como sujetos autónomos con capacidad de decisión.
"El Tribunal Constitucional ya ha señalado que los únicos derechos afectados en esta materia son los derechos de la mujer embarazada", añade el escrito, que rechaza que exista "una colisión de derechos".
Para las organizaciones sociales, la regulación recogida en el anteproyecto de Ley orgánica de protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada "desconfía de las decisiones de las mujeres, convirtiéndolas en sujetos heterónomos sobre los que deciden otros, equiparándonos a menores de edad o a enajenados mentales".
"Con este anteproyecto se vuelve a un sistema única y exclusivamente de indicaciones muchísimo más restrictivo que la regulación que estuvo vigente entre 1985 y 2010", añade.
Además, los firmantes consideran que el anteproyecto somete a la mujer embarazada a un constante peregrinaje en busca de los informes médicos requeridos, "lo que vulnera su libre determinación de la personalidad y su dignidad humana ya que son otras personas los que se erigen con capacidad y legitimidad para decidir sobre ellas".
Respecto a las menores, a las que exige acreditar el consentimiento de sus padres o tutoras, considera que la reforma les somete "a una especie de maltrato institucional en donde su decisión es cuestionada y pre-juzgada".
El escrito concluye que el anteproyecto "ha sido objeto de contestación y rechazo por una amplia mayoría social: asociaciones de mujeres, asociaciones de clínicas acreditadas, asociaciones de profesionales de la psiquiatría, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de jueces tanto a nivel nacional como internacional y de nuestro entorno europeo".