El despacho de abogados Jausas, que representa a un afectado por las preferentes, ha pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que incorpore a la causa en la que investiga a la cúpula de Caja Madrid por la ideación de estos productos los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

En el escrito de ampliación de la querella inicial que interpuso en nombre de un empresario que invirtió 500.000 euros en estos productos, Jausas pide al magistrado que reclame al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los 8.777 correos electrónicos que el juez Elpidio José Silva incautó al exbanquero por la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán.

Jausas alega que los documentos "pueden contener pruebas de la planificación llevada a cabo desde la entidad" para intentar engañar a sus clientes con esos instrumentos.

A su juicio, las pruebas practicadas demuestran que desde la cúpula de Caja Madrid "se urdió una maquinación al objeto de que los vendedores de la red de oficinas engañaran a sus clientes".

Según el texto, el consejo de administración de Caja Madrid "conocía los acuerdos de la comisión ejecutiva, los validaba y, pese a la grave situación económica" de la entidad, acordó la emisión de participaciones preferentes, ocultando "el grave deterioro económico" que estaba sufriendo en el primer semestre de 2009.

"La dirección de Caja Madrid ocultó el verdadero perfil del producto a la red de vendedores y en especial que se trataba de un producto inadecuado para clientes de perfil moderado o conservador", alega el escrito, que añade que también "creó unos test inadecuados para evaluar el perfil del cliente".

Para demostrar sus afirmaciones, aporta el acta del consejo del 20 de abril de 2009 en la que se ponía de manifiesto que "se comentó la posibilidad y conveniencia de emitir para reforzar el capital en previsión de posibles operaciones y el progresivo deterioro de la situación económica".

Además, reproduce el acta de la Comisión de Control del 9 de septiembre de 2009, que revela que en el primer semestre de ese año "los activos de dudoso cobro se habían incrementado de 2.200 millones de euros a 7.731 millones de euros", esto es, más 5.000 millones, cuando "el beneficio cayó un 46 %" respecto del mismo periodo de 2008".

"Es evidente que un deterioro tan importante no se pudo producir de la noche a la mañana, sino que se había iniciado antes de que se empezaran a comercializar las participaciones preferentes. Pese a ello, nada se informó a los potenciales adquirentes", asegura el escrito.

Asimismo, se basa en la correspondencia cruzada en 2010 entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la entidad, que estaba ya en manos de Rodrigo Rato, en sustitución de Blesa, que se encuentra imputado por esta causa en la Audiencia Nacional junto con el resto de directivos de la caja por la ideación de las preferentes.

En una carta fechada el 17 de mayo de 2010, la CNMV concluye que "no se considera apropiado que su entidad decidiera" que las preferentes "se ajustaban a clientes cuyo perfil de inversión era moderado con una aversión al riesgo caracterizada por un rango de volatilidad entre el 2 % y el 5,5 %".

La CNMV aludía entonces a un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) de mayo de 2009, que indicaba que la volatilidad estimada para el producto era de un 20 % a 3 años y de un 16 % a 5 años.

Además, el supervisor recriminaba a Caja Madrid que no hubiera tenido en cuenta el riesgo de liquidez y de crédito para fijar el riesgo de las preferentes.

La documentación enviada por la CNMV desvela por último que los test eran "inadecuados y confusos" y que los manuales internos de Caja Madrid posibilitaban que, ante un test negativo de conveniencia, se pudieran seguir colocando las preferentes.