La infanta Cristina fue imputada ayer por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para que aclare si participó en presuntos delitos de fraude fiscal como copropietaria de la sociedad Aizoon y si blanqueó mediante gastos privados fondos públicos obtenidos de forma ilícita por su marido, Iñaki Urdangarin.

"Los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a don Iñaki Urdangarin Liebaert difícilmente se podrían haber cometido sin, al menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado", argumenta el juez en su auto.

Castro, que ha citado a la hija menor del rey para que comparezca en los juzgados de Palma el 8 de marzo a las 10:00 horas, ya la imputó en abril del año pasado, aunque finalmente la Audiencia Provincial revocó esa decisión tras recurrirla la Fiscalía Anticorrupción, que también se opone ahora.

La imputación por los presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales es fruto de la investigación iniciada por el juez después de que, en el auto en que anuló la primera imputación, la Audiencia de Palma apuntara que no se habían analizado suficientemente esas posibles infracciones penales.

Tras conocerse la decisión, uno de los abogados de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá contra la imputación ante el tribunal provincial por considerar que "carece de fundamento". Roca se mostró "absolutamente y plenamente" convencido de la inocencia de Cristina de Borbón y expresó su seguridad en que "la justicia es igual para todos".

En su auto, Castro sostiene que la duquesa de Palma se prestó a que Aizoon, la sociedad que compartía al 50 % con Urdangarin, "sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales" y defiende que es su obligación aclarar los hechos, por lo que "a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto".

El Gobierno y el PSOE coincidieron con la Casa del Rey en expresar "respeto" ante la imputación de la infanta, una escueta reacción a la que otras fuerzas añadieron el mensaje de que "la justicia es igual para todos" y que contrasta con la satisfacción mostrada por IU, PNV, ERC y BNG.