El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach acusará en las próximas semanas a Iñaki Urdangarin de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel y solicitará la apertura del juicio oral, según publicó ayer en su página web el diario El Mundo. El rotativo también aseguró que la petición para el socio del duque de Palma, Diego Torres, será de cinco delitos, penados con un máximo de 19 años de prisión. También pedirá una multa que "asciende a 3,5 millones de euros".
En cuanto a la Infanta Cristina, el diario asegura que, "tal y como ha advertido el fiscal general del Estado, no habrá petición de pena para la Infanta Cristina, y hay dudas de si también se exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro".
Se acusará a Urdangarin de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad, fraude y dos fiscales, mientras que a su antiguo socio le imputarán las mismas infracciones pero solo uno fiscal.
De lo que no se acusará ni al duque de Palma ni a Torres a ninguno será del blanqueo de capitales "porque la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo", detalla la publicación.
Entre otras cuestiones, "el fiscal sostiene que en las adjudicaciones a dedo a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos suscritos con la Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia comandado por Rita Barberá, como con los que firmaron con el Govern de las Islas Baleares presidido por Jaume Matas", explica El Mundo.
Las acusaciones estarían avaladas en numerosas irregularidades, pues, según el diario, "los precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco concurrencia, menos aún fiscalización del gasto y, en algunos casos, todo era fruto de pactos verbales".
Y es que el fiscal "cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron Urdangarin y Torres para evitar someterse a un concurso público". De ahí que considere que tanto el "Govern de las Islas Baleares y Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Madrid deberían haber elegido un mecanismo diferente" a este.
El diario también asegura que "la intención de la Fiscalía es dejar al margen a antiguos colaboradores del duque de Palma, como el empresario Miguel Zorío".
Esta petición aún no ha sido presentada de forma oficial, por lo que el rotativa explica que podría quedar "en papel mojado si llegan a buen puerto las negociaciones que, pese a lo que mantiene el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, siguen abiertas".