El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a los peritos de la Agencia Tributaria designados a su juzgado que concreten, mediante informe, "las contingencias tributarias y si las mismas tienen trascendencia penal" respecto del PP desde el 2007 y también "respecto de las obligaciones fiscales que hubieran de incumbir a las personas físicas y jurídicas supuestamente preceptoras de rentas procedentes de la denominada Caja B" del partido. El magistrado ha confirmado este viernes la imposición de la caución por 43,2 millones tras haber rechazado el recurso de la defensa.

En este segundo punto, el juez señala en su providencia que la petición se realiza " de forma específica" respecto del arquitecto Gonzalo Urquijo y su mercantil, Unifica Servicios Integrales. Se trata del arquitecto que realizó la reforma de la sede de Génova entre 2006 y 2008, y que aparece como preceptor en los denominados papeles de Bárcenas de un total de 637.000 euros en tres pagos realizados en dichos años.

Concretamente, el juez central de Instrucción número 5 señala que, una vez han sido incorporadas a la causa la anotaciones contables originales y otra documentación entregada por Bárcenas el pasado lunes, los peritos de la AEAT designados en auxilio judicial deben determinar si hay delito cometido por el PP en relación al impuesto de sociedades y el IRPF (retenciones) para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante, al encontrarse los anteriores prescritos, "efectuándose las oportunas estimaciones de cuotas que en cada caso procedieren".

El informe también deberá hacer mención a la posible trascendencia penal en que pudieran haber incurrido los supuestos preceptores de sobresueldos en B respecto de los mismos impuestos y también desde 2007, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre el IVA, efectuándose igualmente las estimaciones de cuotas en cada caso

Además, Ruz encarga a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que determinen la posible existencia de cohecho por vinculación "de las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP a través de sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, incluidas en la contabilidad B" con las adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiadas "las sociedades relacionas con los querellados" durante el periodo objeto de la investigación.

Por otro lado, el juez ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la procedencia de citar como testigo en la causa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a otros dirigentes populares tal y como han solicitado la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Manos Limpias.

Según las acusaciones, el testimonio de Rajoy es necesario para que explique si percibió las cantidades que apuntó el extesorero del PP Luis Bárcenas durante su declaración del pasado lunes, un total de 45.000 euros en los años 2009 y 2010.

Anticorrupción también deberá pronunciarse sobre la posible declaración igualmente como testigos de los exministros ''populares'' Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Rodrigo Rato, que han solicitado igualmente las acusaciones populares mencionadas.

Además la Fiscalía deberá pronunciarse sobre si es oportuno llamar también como testigos al que fuera asesor del expresidente José María Aznar y posteriormente de Rajoy, Pedro Arriola; los exparlamentarios José Miguel Ortiz Bordas y José María Robles Fraga; la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez; el expresidente balear Jaume Matas, los periodistas Miguel Ángel Rodríguez y José Antonio Sánchez y el que fuera responsable del PP gallego Ángel Piñeiro, tal y como ha pedido Manos Limpias.

Otra de las diligencias tomadas por Ruz ha sido ordenar la realización de un análisis caligráfico de los nuevos documentos aportados por el extesorero del PP el pasado lunes, para comprobar su autoría. El magistrado solicita expresamente a los peritos que le informen sobre "la antigüedad en la confección" de los papeles, han informado fuentes jurídicas.

RUZ HA CONFIRMADO LA IMPOSICIÓN DE LA CAUCIÓN POR 43,2 MILLONES

Ruz decidirá a partir del próximo lunes cómo proceder al embargo de bienes de Luis Bárcenas después de que haya concluido el plazo de diez días que le dio para depositar una fianza de 43,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, dirigida a hacer frente a las responsabilidades económicas en las que podría incurrir si es condenado.

Así lo han señalado fuentes jurídicas que han informado también de la confirmación por parte de Ruz de la fijación de la citada caución tras ser rechazado el curso de reforma en el que la defensa del exsenador popular reprochaba al magistrado un afán de lucro "indebido y desmedido" por la imposición de un recargo de un 25 por ciento de la cantidad defraudada en concepto de intereses.

En su auto, el juez Central de Instrucción número 5 rechaza todas las alegaciones de la defensa, negando la prescripción de los delitos fiscales imputados a Bárcenas y también la improcedencia de la cantidad correspondiente a 2006, que se le impone como cooperador necesario en el delito fiscal de su esposa, la también imputada en la causa Rosalía Iglesias.

La inclusión de este año en la liquidación efectuada es procedente, según Ruz, "máxime cuando en sus reiteradas declaraciones, el señor Bárcenas afirma, corroborándolo igualmente su mujer, que era él quien gestionaba todos los recursos económicos del matrimonio".

El magistrado rechaza acceder a la reducción de la fianza solicitada, lo que había sido solicitado por la defensa de Bárcenas con carácter subsidiario.

Respecto del recargo por intereses, explica que se ha limitado a hacer suyo el cálculo provisional y cautelar efectuado por Hacienda para la fijación de la fianza, y que responde a los intereses de "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva puedan declararse competentes".

LA AUDIENCIA NACIONAL REVISARÁ EL JUEVES LA PRISIÓN DEL EXTESORERO DEL PP

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el próximo jueves 25 de julio una vista a puerta cerrada para estudiar el recurso presentado por la defensa de Luis Bárcenas contra su ingreso en prisión.

Bárcenas recurrió su ingreso en prisión cinco días después de ingresar en la cárcel de Soto del Real, argumentando que, desde que fue imputado hace cuatro años en el ''caso Gürtel'' ha acudido a todas las citaciones, nueve en total, no ha utilizado su dinero oculto para huir y ahora tampoco pretende hacerlo.

En su recurso, los letrados del extesorero ''popular'' califican la decisión del juez Ruz de "injustificada, desproporcionada e innecesaria" y recuerdan que Bárcenas fue imputado por primera vez en esta causa en julio de 2009 y que desde ese momento ha comparecido "en todas y cada una de las nueve ocasiones en las que ha sido citado", sin faltar jamás a un solo llamamiento judicial, y dando en ellos "explicaciones al instructor sobre cuanto éste entendió oportuno explicar".