Las defensas de los cuarenta y cinco imputados en la Operación Campeón tendrán que presentar las alegaciones que estimen oportunas a la causa o solicitar la práctica de nuevas pruebas antes de los días 15 ó 16 de este mes de abril, en función de cuando hayan recibido por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo los últimos tomos del sumario.

Antes de finalizar la instrucción de la causa, según informaron a EFE fuentes jurídicas, se producirá el día 11 de abril una "declaración complementaria" por parte de un funcionario del IGAPE, para aclarar una parte de la información documental que aportó a la causa sobre el funcionamiento de ese organismo.

La jueza instructora de la Operación Campeón, Estela San José, les concedió a los abogados que se ocupan de la defensa de los cuarenta y cinco imputados en la causa veinte días hábiles para que revisasen todo el sumario y presentasen las alegaciones que estimasen oportunas.

Según informaron a EFE fuentes judiciales, el plazo mínimo para que la defensa de los imputados presentase sus alegaciones es de tres días hábiles, pero finalmente la jueza instructora decidió ampliar ese período ante el volumen de la documentación que tienen que revisar, dado que el sumario consta de 102 tomos.

Algunos abogados defensores comenzaron a recoger el pasado 14 de marzo los discos duros en los que el Juzgado de Instrucción Número 3 copió los últimos siete tomos de la causa, que contienen las diligencias más recientes y los informes de Vigilancia Aduanera.

Una vez finalizado el plazo dado a los abogados defensores para que presenten sus alegaciones, el ministerio fiscal dispondrá de diez días hábiles para calificar los delitos imputados, de cara a la apertura de juicio.

La Operación Campeón trascendió a la opinión pública la última semana de mayo de 2011, cuando agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron a un total de quince personas, entre las que figuraban directivos y empleados de varias empresas, así como dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Se investigaba un supuesto fraude en subvenciones públicas y la jueza instructora envió a la cárcel al empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel y epicentro de las pesquisas, que ingresó en el centro penitenciario de Bonxe.

En todo caso, la investigación judicial cobró otra dimensión cuando el propio empresario acusó a varios dirigentes políticos de cobrar comisiones irregulares a cambio de favores, en una declaración previa a su excarcelación.

Dorribo acusó de cobrar esos sobornos por hacer gestiones en su favor al exconselleiro de Industria Fernando Blanco, que en ese momento era diputado autonómico del BNG, y al parlamentario del PP Pablo Cobián, que abandonaron sus escaños casi de forma inmediata.

También señaló al entonces ministro de Fomento, José Blanco, que no presentó la dimisión.

La causa contra José Blanco fue separada del sumario principal y remitida por la jueza instructora al Tribunal Supremo en el mes de noviembre de ese año, donde todavía está pendiente de resolución.

Más tarde, las acusaciones del empresario alcanzaron también al alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, aunque la causa contra el regidor local, desgajada del sumario principal, quedó finalmente archivada.

Todavía están pendientes de resolución siete causas separadas del sumario principal, entre ellas la que se sigue contra Fernando Blanco, que finalmente acabó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que dirige la jueza Pilar de Lara, instructora también de las operaciones Pokemon y Carioca.