IU se comprometió ayer a trasladar "a la calle" el debate sobre el estado de la nación y para ello convocará a los ciudadanos a que discutan sobre las propuestas que quieren que se analicen en el Parlamento, y esas conclusiones serán las que defenderá el coordinador federal, Cayo Lara, en el Congreso.
Es a lo que se comprometió el líder de IU, ratificado ayer por coordinador federal tras su reelección en diciembre pasado, en su intervención ante el nuevo Consejo Político de la formación, al que ha llamado a trabajar para hacer de IU un instrumento "útil" para la transformación que requiere el país.
Cayo Lara aseguró que defenderá en el próximo debate de política general, previsto para los días 20 y 21 de este mes "si es que Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno", ironizó, todas las conclusiones que salgan de ese debate ciudadano que IU pondrá en marcha en breve.
Cumple así con uno de los objetivos que se marcó al ser reelegido coordinador federal en la décima asamblea federal: "organizar la rebelión democrática", recordó, con el fin de construir una alternativa política que lleve a IU al poder.
IU, tal como sugirió, tiene ante sí el momento más idóneo, "duro y apasionante", para dar el salto ante la situación tan difícil en la que está el país, por el momento crítico que vive el Gobierno y también debido a que no existe "ninguna confianza" en el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Además de llevar el Parlamento "a la calle", Cayo Lara detalló las otras dos estrategias que centrarán la actuación política de IU: luchar contra el paro mediante "el estímulo de la economía real y la integración social, y combatir la corrupción "política y empresarial".
Para remontar la crisis, planteó, entre otras cosas, que el Estado destine una financiación anual con 3 puntos del PIB a un programa completo que tenga en cuenta medidas de estímulo del empleo, apoyo a las pymes, gestión empresarial y reformas en el marco de la UE.
Se trata de medidas ya propuestas como la puesta en marcha de un plan de creación de empleo público, con contratos de 35 horas semanales durante seis meses prorrogables y por un salario de 700 euros netos mensuales.