La expareja de Jordi Pujol Ferrusola ha ratificado hoy en la Audiencia Nacional su denuncia por supuesto blanqueo de dinero que implica al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, a quien dice haber visto transportar a Andorra grandes cantidades en billetes de 500 euros.

María Victoria Álvarez Martín ha comparecido hacia las 10:00 horas de esta mañana ante el juez Pablo Ruz, que le ha tomado declaración durante una hora y media.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse sobre si son necesarias otras diligencias y si la Audiencia Nacional debe o no seguir investigando el asunto.

Álvarez Martín denunció a la Policía el pasado mes de diciembre diversos viajes entre los años 2006 y 2008 a Andorra, Londres, México y Argentina y, respecto a los del primer país, explicó que su expareja llevó en el maletero de su coche grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros.

Sobre los viajes a México, se refirió a inversiones en la construcción de un hotel y negocios de gestión de casinos y, en cuanto a Londres, indicó que participó en una reunión como posible inversora de una empresa de telecomunicaciones.

Ruz citó a la expareja de Pujol, que se ha personado en la causa, según han informado fuentes jurídicas, después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia le obligara a ello al admitir el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra su decisión de derivar el caso a los Juzgados de Plaza de Castilla.

El juez consideraba que no es competente para investigar las denuncias que el exempresario Javier de la Rosa -que afirmaba haber recibido amenazas por conocer datos sobre estas cuentas- y la expareja del hijo del expresidente catalán presentaron ante la Policía a principios de diciembre y las envió a un juzgado de instrucción de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió ante la Sala de lo Penal. En el auto en el que admitían ese recurso, los magistrados señalaban que los datos aportados por la mujer "son significativos de obvias imputaciones delictivas a Pujol Ferrusola y a miembros de su familia", de modo que su versión ante el juez puede determinar que se proceda a continuar con las diligencias o archivarlas.

La Sala recogía así el criterio de la Fiscalía de que estos hechos "son representativos de datos o indicios que, de poder ser concretados o ampliados, permitirían una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo de capitales y/o delitos contra la Hacienda Pública".