La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno de orientar los servicios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia hacia la privatización, como, según sus palabras, hace con la Sanidad o la Educación.
En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Montero ha mostrado su "sospecha" de que el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP avanzan en orientar el modelo hacia la privatización al respaldar que los dependientes reciban una cuantía económica y se busquen ellos el servicio privado.
Se trata, según sus palabras de lo que ya propuso en su momento la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de dar un cheque y que cada uno se "busque la vida para hacer frente a sus necesidades, para concertar una residencia, un servicio de ayuda a domicilio o cualquier otra prestación".
Esto, además, va "en detrimento de la capacidad de concertación y oferta pública de las administraciones porque esa prestación económica tiene menor coste para la administración que tienen los servicios públicos o concertados", según ha añadido.
La consejera ha criticado que se haga una nueva clasificación, contraria a la Ley y, por ello, "recurrible" que incorpora como servicio la prestación económica, mientras que la ley reserva ésta para cuando no hay oferta de servicio público o concertado.
SERVICIOS SOCIALES
Por otro lado, Montero ha mostrado su "preocupación" por la "retirada progresiva de la financiación del Plan Concertado" por parte del Ministerio. Y es que, ella ha trasladado que el departamento que dirige Ana Mato "ha intentado argumentar que está disminuyendo de forma reiterada su aportación al Plan en base al establecimiento competencial y señalando que una consecuencia lógica y natural del progreso de estos próximos años sería la menor implicación del Gobierno en el sostenimiento del esqueleto de los servicios sociales comunitarios".
A su juicio, esa postura es de "enorme gravedad" porque en un momento de falta de solvencia por parte de las administraciones y con las dificultades que sufren las familias, que una de las tres administraciones participantes en los servicios sociales se retire "es un peligro para su futuro".