El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que presentaron los gobiernos de Andalucía y de Asturias contra los decretos en los que se plasmaron los principales ajustes sanitarios y educativos.

El Gobierno andaluz recurrió el pasado mes de junio al Constitucional contra el decreto del Ejecutivo central que incluía los ajustes en el ámbito sanitario al considerar que esa norma atenta contra un artículo de la Constitución y cuatro del estatuto de autonomía.

Semanas después, el Ejecutivo andaluz decidió recurrir también al alto tribunal, por los mismos motivos, los ajustes en el ámbito educativo.

El recurso andaluz, admitido a trámite por el Constitucional, se refiere a aspectos concretos del decreto, como el incremento del horario lectivo (20 horas como mínimo para el profesorado de Secundaria frente a las 18 que se dedican en Andalucía).

En el caso de Asturias, el TC ha admitido a trámite los dos recursos presentados por el Gobierno regional contra los mismos decretos -educativo y sanitario-.

El Ejecutivo asturiano que preside el socialista Javier Fernández planteó sus recursos ante el Constitucional tras conocer el dictamen del Consejo Consultivo del Principado y los informes elaborados por las consejerías afectadas por los recortes.

Los recursos, relativos a los artículos 3 y 4 de los decretos, incidían en que tanto la educación como la sanidad son competencias del Principado de Asturias y advertían de que el Gobierno central, con estas medidas, habría incurrido "en un exceso de bases" al invadir competencias correspondientes a las autonomías.

Reclamaciones

Del mismo modo, el Estado advirtió al plantear sus reclamaciones de que las comunidades autónomas son "parte esencial" del Estado y que "velar por los ámbitos de actuación de cada una de las administraciones atesora un principio de convicción democrática y de respeto a la Constitución Española".

En un comunicado difundido tras la presentación de los recursos, el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, señaló que el Ejecutivo del Principado asturiano "nunca censurará" al central la toma de decisiones políticas en su ámbito de actuación" pues es su obligación", pero que también era su obligación buscar que se respete el territorio competencial del resto de administraciones.