El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó ayer un informe jurídico sobre el que se basará la nueva reforma del Código Penal y que plantea la imposición de la prisión permanente revisable para supuestos de magnicidio, genocidio o terrorismo, así como asesinatos múltiples o asesinatos en las que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable que sufra algún tipo de discapacidad o no haya podido defenderse.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia dio a conocer un informe realizado por expertos que tiene "plenamente encaje constitucional", según un estudio del Consejo de Estado que aseguraba que la figura de la prisión permanente revisable no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo.
Gallardón recalcó que el propósito de endurecer el castigo en delitos "especialmente reprochables" es lo que impulsó la modificación de la normativa.
De todos modos, el ministro aseguró que existe un número mínimo de años para que el preso pueda conseguir la libertad condicional. Este periodo puede oscilar entre "25 o 30 años" dependiendo de las características del caso".
Críticas
Con este informe, el Gobierno intenta dar respuesta a casos que han generado gran alarma social como el de Mari Luz, Marta del Castillo, Sandra Palo o José Bretón. No obstante, Gallardón eludió referirse expresamente a ninguno de ellos.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles calificó el documento de "inquietante" porque supone "una restricción de derechos y un retroceso de muchos años".
Entre tanto, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquin Bosch, subrayó que las medidas hechas públicas reflejan un "populismo penal" que "no soluciona los problemas de fondo, al tiempo que su homólogo del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, las tachó de "grandilocuentes" y "mediáticas".
Mientras, la Asociación de Fiscales advirtió que la aplicación de la prisión permanente revisables a los distintos supuestos anunciados por el ministro tendrá que encajar con la Constitución y requerirá de "estudios previos".
Por último, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, señaló que con está reforma Gallardón, "vuelve a mostrar su verdadero rostro de derecha radical".