Hasta el momento, solo la Comunidad Valenciana ha confirmado su petición de adhesión al fondo para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene este año, unos 3.400 millones de euros, aunque no ha especificado la cantidad concreta que pedirá.

Este fondo, de carácter temporal y voluntario y con una dotación de 18.000 millones de euros, fue creado por el Gobierno para poder ayudar a las comunidades con dificultades para poder acceder a los mercados de financiación.

Cataluña está estudiando las condiciones previstas para decidir si se acoge a este mecanismo, puesto en marcha después de que el Gobierno negase la posibilidad de crear los llamados "hispabonos", según el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell.

El responsable económico catalán ha asegurado no obstante en una entrevista en el diario italiano La Repubblica que su comunidad está lejos de "una intervención en base a la Ley de Estabilidad".

Cataluña es una de las comunidades autónomas a las que el Ministerio de Hacienda ha sacado tarjeta amarilla por las dudas de que puedan cumplir con el objetivo de déficit (1,5 % del PIB para este año). La primera comunidad que reconoció que el Ministerio de Hacienda chequearía sus cuentas fue la Región de Murcia, que ayer negó "rotundamente" ninguna decisión relativa a solicitar el fondo de liquidez.

El Gobierno murciano se expresó en estos términos después de una entrevista en La Opinión de Murcia del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, en la que decía que se iba a acoger a este fondo y pediría entre 200 y 300 millones de euros. Según explicó posteriormente en un comunicado el Ejecutivo murciano, el presidente se refería a su propuesta de los "hispabonos" y no al mecanismo del Gobierno central.

Murcia ha insistido, respecto a esta ayuda, en que "lo está estudiando", como ha manifestado reiteradamente, pero que "no hay ninguna decisión al respecto".

También estudia esta posibilidad el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha defendido en varias ocasiones que su comunidad necesita nuevas vías de financiación más allá del mecanismo de pago a proveedores, dado que el acceso a los mercados está prácticamente bloqueado.

En cambio, en una entrevista a La Voz de Galicia, el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, dijo que su comunidad está "blindada" y que no va a pedir "ningún tipo de rescate". Una afirmación que la mayoría de comunidades "no puede decir", agregó.