Coalición Canaria apoya las medidas planteadas por el Gobierno español en relación a los sueldos de alcaldes y presidentes de diputaciones y cabildos, y cree que deben extenderse a otros cargos públicos de las administraciones autonómicas y parlamentos y asambleas legislativas.
Así lo indica hoy en un comunicado el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, quien pide al Gobierno español que negocie con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la reforma de la administración local.
José Miguel Barragán considera un avance que se delimiten las competencias y se eviten las duplicidades, y apoya la reducción del número de concejales y que se regulen sus salarios, medida esta última que propone ampliar a cargos públicos de las administraciones autonómicas y parlamentos y asambleas legislativas.
Coalición Canaria rechaza cualquier intento de reforma de la administración local sin el consenso con sus representantes, por lo que pide al Gobierno que negocie con la FEMP.
En cuanto a la delimitación de competencias, José Miguel Barragán entiende que los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de las competencias locales es un objetivo a conseguir en un plazo razonable de tiempo.
Y aboga para que una vez identificadas las competencias que un Ayuntamiento no pueda atender se le permita presentar un plan de viabilidad de sostenimiento de las mismas en un plazo definido de tiempo, y si esa situación no se resuelve en su opinión se podría dejar a los corporaciones que decidan entre mancomunar o agrupar servicios, fusionarse.
En última instancia, añade José Miguel Barragán, que sean los cabildos, en el caso de Canarias, las administraciones que puedan ejercer esas competencias.
CC es contraria a la desaparición de municipios, pues, en el caso de Canarias, según José Miguel Barragán, el número de ayuntamientos se corresponde de forma aceptable con el de habitantes y la condición insular.
En cambio, José Miguel Barragán muestra su preocupación, hasta no conocer más detalles, porque los cabildos tengan que gestionar los servicios obligatorios mínimos en municipios con menos de veinte mil habitantes.
En este caso, no se ha definido la financiación ni cómo se pretende resolver esa imposición de competencias, comenta el secretario general de CC.
Barragán también indica que es razonable la medida de intentar redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes.
Además, considera acertada la limitación del número de asesores de las corporaciones locales, no superando en ningún caso el numero total de concejales y, desde CC se apoya las reducciones planteadas en la limitación de concejales previstas para las próximas elecciones locales.