La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer una fianza de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto Monge, expresidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que se negó a declarar ante la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos.
Fuentes del caso informaron de que Poto ha sido imputada de presuntos delitos de obtención indebida de subvenciones, cohecho y prevaricación al ser incluida en el ERE de su empresa pese a que siguió trabajando como presidenta y por haber consentido la inclusión de "dos intrusos".
La empresaria se remitió a su declaración ante la Guardia Civil, cuando aseguró que se prejubiló como directora de Acyco y tres meses después fue contratada por el grupo SOS cuando compró la empresa y puso como condición que ella siguiera de presidente.
Aseguró entonces que consultó su situación con los servicios jurídicos y le dijeron que era una posibilidad permitida por la ley. Poto también niega la acusación de la juez Mercedes Alaya de haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar sus deudas con el bufete Garrigues y afirma que está documentado que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual.
Según la juez, Poto cobró por asistencia a los consejos de administración 36.000 euros en el año 2004; 24.000 en el 2005; y 48.000 en el 2006, en una progresión anual hasta alcanzar los 98.995 en 2010.