La Junta de Andalucía ha confirmado hoy que presentará recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el aumento de la jornada lectiva de los profesores y el decreto que establece el copago en el ámbito farmacéutico, decisiones del Gobierno del PP que ha rechazado el Ejecutivo autonómico.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, durante la presentación del Plan Económico Financiero de Reequilibrio (2012-2014) que representa un ajuste del 12 % del presupuesto andaluz del 2012, que asciende a 32.020 millones de euros.
La Junta, ha informado la consejera, no incrementará la ratio de alumnos por aula en los centros educativos andaluces, aunque aplicará por "imposición" el decreto del Gobierno central sobre racionalización del sector público educativo que aumenta la jornada laboral de los docentes.
"Les anuncio que la Junta va a recurrir al Tribunal Constitucional tanto este decreto como el que establece los copagos en el ámbito sanitario porque entendemos que invaden competencias autonómicas y son inconstitucionales", ha señalado.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía preparan, además, alegaciones a la decisión el TC de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la resolución de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ejecutó la subasta de fármacos.
El Gobierno decidió presentar ante el Alto Tribunal un conflicto positivo de competencia al entender que se invadía la legislación estatal y reducía la oferta de prestaciones.
El planteamiento de este conflicto conllevó la suspensión de esta norma andaluza.
Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel Vázquez, la Junta aún no ha recibido la providencia del TC con lo que procederá a su estudio jurídico cuando la reciba.
"Mantenemos la misma posición que al principio. La subasta de medicamentos es un buen instrumento para el ahorro de gasto y permite no cargar más sobre los usuarios y sí que tengan menos beneficios las empresas farmacéuticas, por lo que seguiremos peleando con este modelo", ha manifestado.
La Junta hizo la primera de estas subastas públicas el pasado 19 de marzo y con ella pretendía rebajar el precio que la sanidad pública paga a las farmacéuticas por los medicamentos.
Con la primera de las subastas, el Gobierno andaluz trataba de adjudicar mediante subasta pública determinados medicamentos genéricos para que fueran los que se tienen que dispensar cuando el paciente llega con una receta que sólo incluya los principios activos, y de esta forma ahorrar en la factura farmacéutica.