El Gobierno asturiano anunció ayer que reclamará al Estado por los perjuicios económicos que el anuncio de la posible intervención de las cuentas regionales puede tener en la financiación de la deuda del Principado a corto y largo plazo. En un comunicado en el que califica el comportamiento del Gobierno central de "desleal, irrespetuoso, antijurídico y contrario a la lealtad institucional", el Ejecutivo asturiano se mostró convencido de que la amenaza de intervención trasladada el pasado sábado por el Ministerio de Hacienda generará una "importante descrédito, caída inmediata del rating y encarecimiento de la financiación". Para el Ejecutivo regional, esas serán algunas de las consecuencias de lo que considera una "falsa noticia" sobre los incumplimientos de Asturias en materia de estabilidad que deja a la región y a los asturianos "desacreditados ante la comunidad financiera nacional e internacional". De hecho, destacó que el Gobierno no ha rechazado el Plan Económico Financiero (PEF) que el Principado trasladó hace unos días al Ministerio y que éste no ha hecho llegar ningún reparo ni ha pedido tampoco documentación adicional alguna.
Es más, recordó que el pasado mes de marzo Hacienda autorizó a Asturias a endeudarse en cerca de 325 millones de euros, "lo que es reflejo de la estabilidad financiera de la comunidad". Tras detallar que la situación de Asturias es mejor que la de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana, el Ejecutivo aseguró que el comunicado del Ministerio "no tiene precedentes en la historia de España" por la gravedad de su contenido y por estar basado "en meras elucubraciones acerca del futuro político".