La agencia de calificación de riesgo Standard and Poor''s (S&P) rebajó ayer la nota de calificación de nueve comunidades autónomas españolas, entre las que figura Canarias, además de la provincia de Vizcaya y las ciudades de Madrid y Barcelona, y decidió mantener la de la Comunidad Valenciana.
En concreto, las comunidades que ven rebajada su calificación son: Canarias, Madrid, Galicia, que pasan de A- a BBB+; País Vasco y Navarra, de AA- a A; Andalucía y Aragón, de A a BBB, y, por último, Baleares y Cataluña de A- a BBB-, que se sitúan a un escalón del bono basura.
Además mantiene la nota a la Comunidad Valenciana en BB, considerado bono basura.
Del mismo modo, la agencia de medición de riesgo optó por bajar la calificación de las ciudades de Madrid y Barcelona y la provincia de Barcelona de A a BBB+, y la de la provincia de Vizcaya de AA- a A
Standard and Poor''s justificó esta decisión en el deterioro de la economía española y en las escasas expectativas de crecimiento futuras.
Suave recesión
En el informe sobre todas las autonomías, excepto País Vasco y Navarra, S&P considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015.
Asimismo, cree que las bases tributarias de las regiones, que ya se vieron afectadas por la recesión de 2009, es probable que sigan disminuyendo en 2012 y se enfrenten a un período de "crecimiento mediocre" en los próximos tres años.
Perfiles "fuertes"
En el caso de País Vasco y Navarra, destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes", pese a la "sustancial concentración de sus actividad económica en España", debido a su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones. Por ello, sus ratings son dos escalones superiores al de España.
S&P entiende que algunas comunidades podrían desviarse de los objetivos presupuestarios establecidos por el Gobierno central, lo que se traduciría en un peor comportamiento presupuestario y en una mayor acumulación de deuda, debido a un comportamiento económico más débil que reduzca los ingresos fiscales o a una pérdida de control de los gastos.