El Gobierno asumirá todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma y derogará la normativa anterior al respecto, con lo que recupera las competencias sobre la materia.
Así lo afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaria, responde al "principio de unidad de cuenca", establecido en 2011 por el Tribunal Constitucional.
A raíz de la sentencia del alto tribunal, el anterior Ejecutivo socialista aprobó un decreto ley que permitía a las autonomías asumir competencias de gestión del dominio púbico hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas comunidades.
Sin embargo, el Gobierno popular ha decidido revertir la situación con lo que, "se evitarán duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en algo tan importante como es el régimen sancionador en el mal uso del agua", apostilló.
Menos publicidad
La decisión se enmarca dentro de un real decreto ley de medidas sobre política medioambiental.
En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de publicidad institucional 2012, que reduce en un 56% la inversión en comunicación, lo que "suma los principios de austeridad y racionalización a los de información y transparencia", sentenció Sáenz de Santamaría.
El plan prevé una inversión de 35,5 millones de euros, lo que supone un ajuste de más de 45 millones en publicidad institucional. Si se añade la publicidad comercial, la reducción respecto a 2011 es de un 38,2%, con una inversión prevista de 137,5 millones.