Los fiscales anticorrupción han suspendido las dos reuniones previstas esta semana con los abogados de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres para hablar de un posible pacto en el llamado caso Nóos debido al eco mediático suscitado por este asunto.
Según aseguraron fuentes del caso, esta semana se iban a celebrar sendas reuniones entre los fiscales y Mario Pascual Vives, que representa al duque de Palma, y Manuel González Peeters, defensor de Torres.
De hecho, en la sede de la Fiscalía de la capital balear ya había ayer varios periodistas apostados a la puerta en espera de la posible aparición de alguno de los abogados, aunque al edificio solo han acudido los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, así como el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro.
No obstante, Pascual Vives, aseveró que no negocia con el fiscal un acuerdo para que el Duque reconozca varios delitos y devuelva el dinero público obtenido de sus tratos con varias administraciones con el fin de evitar su ingreso en prisión.
"Ni formal ni informalmente he mantenido ningún tipo de contacto con la Fiscalía en relación a ningún tipo de conformidad ni acuerdo", sentenció
Sobre la cuenta bancaria que el yerno del Rey presuntamente tenía en Suiza a través de la que realizaba determinados cobros, esgrimió: "Ni directa ni indirectamente ha tenido ni tiene cuenta en ningún paraíso fiscal. Que le quede claro a todos los ciudadanos de este país". Asimismo, señaló que intenta e intentará ajustarse en sus actuaciones como abogado defensor "a la legalidad vigente en cada momento".
Mientras, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, enfatizó que la fiscalía investigará todos los hechos relacionados con este caso.
Gallardón recordó que los fiscales tienen "plena autonomía" para investigar causas penales "en todos los casos, y también en este que nos ocupa".
Así, apuntó que la obligación del ministerio fiscal en una investigación es esclarecer todos los hechos y llevar las pesquisas "hasta el final".
"Ningún hecho puede dejar de ser investigado por la fiscalía y puesto en conocimiento del juez para su valoración", dijo al tiempo que hizo hincapié en que el estado de derecho implica "la igualdad de todos ante la ley".
Por su parte, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, mantienen en pie su pretensión de solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria para Iñaki Urdangarin, independientemente de la voluntad del duque, que pasaría por negociar con las acusaciones de cara a obtener futuras atenuantes y eludir así la posibilidad de ingresar en prisión.
Al respecto, puntualizaron que esta situación no paraliza las diligencias a practicar en el marco de este procedimiento ni obstaculiza la intención de reclamar la caución por parte de las acusaciones, que se mantienen a la espera de que la Agencia Tributaria aporte un informe relativo a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos al frente del Instituto Nóos.