Las diputaciones provinciales españolas aseguran que el 26 % de sus competencias y las de los ayuntamientos no les corresponden y les hipoteca económicamente, por lo que pedirán al Gobierno la reubicación de las funciones impropias.
Esta ha sido una de las conclusiones de la reunión de la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida hoy en Valencia presidida por el máximo responsable de la Diputación valenciana, Alfonso Rus.
Los presidentes provinciales han elaborado un documento base con sus peticiones, que terminarán de elaborar el 3 de mayo para trasladarlo a la FEMP y que ésta, a su vez, elevará al Ejecutivo central.
Rus ha explicado en rueda de prensa que ese documento, bautizado como "Declaración de Valencia", tiene como objetivo el fortalecimiento institucional y la modernización de las diputaciones, y propone realizar una reforma para que sean más eficaces y se dediquen, sobre todo, a la gestión de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Esos consistorios "no deben desaparecer", según Rus, y para ello necesitan el apoyo de las diputaciones, que son a su juicio las instituciones "más eficaces que hay a nivel nacional".