Modificar el sistema de financiación de los medicamentos por otro que establezca el pago en función de la renta, sacar de la financiación pública algunos tratamientos y revisar la cartera de servicios son algunas de las medidas que mañana se debatirán en el Consejo Interterritorial de Salud para lograr un ahorro de 7.000 millones de euros.

El Gobierno y las comunidades autónomas tratarán de suscribir en esta reunión "un acuerdo de medidas de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", como figura en el punto 13 del orden del día facilitado por el ministerio que dirige Ana Mato.

La decisión más controvertida, adelantada por el Ejecutivo, es el "copago" farmacéutico en función de la renta que tengan los pacientes. Actualmente, los ciudadanos activos pagan el 40 % del precio de los fármacos, estando exentos los jubilados.

Para conseguir este fin, tendrá que convertirse en realidad el proyecto de tarjeta sanitaria única para toda España, donde figuraría la información fiscal de cada paciente.

En la agenda del Consejo figura la presentación de un informe en el que se proponen mecanismos de actualización y aportación reducida en la prestación farmacéutica, y la definición de los criterios mínimos de ordenación de este sector.

También se estudia sacar de la financiación pública algunos medicamentos para dolencias menores y conseguir el mejor precio para tratamientos y productos sanitarios a través de una central de compras.

Una de las medidas más destacadas en la que trabajan las autoridades es la de controlar el denominado "turismo sanitario", tanto de los europeos que residen en España como de aquellos que utilizan este servicio en las épocas vacacionales.

Mato y los consejeros de Sanidad decidirán en qué puntos se revisará la cartera de servicios para evitar gastos innecesarios, aunque ya se ha avanzado desde el Ejecutivo que se recortarán, por ejemplo, los transportes sanitarios, las operaciones de cambio de sexo y los tratamientos de fertilidad.

En la reunión se informará sobre el nuevo Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para atender los gastos de las personas que reciben atención fuera de la comunidad autónoma en que están domiciliadas.

Se dará a conocer un análisis sobre la evolución del consumo de medicamentos genéricos, otro sobre la ordenación profesional del personal sanitario así como un programa de aprovechamiento y ahorro en el fraccionamiento del plasma español.

Las autoridades sanitarias analizarán además qué actuaciones adoptar en relación a la queja europea sobre la práctica de ciertos hospitales públicos españoles de rechazar la tarjeta sanitaria europea (TSE) cuando el paciente tiene seguro médico privado.

Finalmente, Mato presentará a los consejeros una propuesta de actuaciones de colaboración y coordinación en relación al caso de los "niños robados".