El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya tiene sobre la mesa de su despacho las peticiones de más de la mitad de las comunidades, expuestas en la ronda de reuniones que el jefe del Ejecutivo mantiene con los responsables autonómicos para conocer de primera mano sus necesidades.

Hasta el momento, Rajoy se ha reunido con diez presidentes autonómicos, mientras que todavía no ha citado a los máximos responsables de los gobiernos de Andalucía y Asturias debido a las elecciones que se celebran el domingo en esas comunidades, ni a los de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Madrid.

Tampoco han pasado por el despacho del Palacio de la Moncloa los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y Melilla, Juan José Imbroda.

En las entrevistas celebradas hasta ahora un tema común ha estado sobre la mesa: el compromiso con los objetivos de déficit y las posibles medidas para controlarlo y cumplir los límites que marca la Unión Europea.

Algunos presidentes plantearon a Rajoy la dificultad que tendrán para llevar a cabo ese mandato de Bruselas y otros no dudaron en proponerle medidas para lograrlo, como el copago farmacéutico.

Fue el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien el pasado 27 de enero inauguró la ronda en una entrevista en la que Rajoy reafirmó su compromiso con la recuperación del municipio de Lorca, seriamente afectado por el terremoto del año pasado.

Justo después de ese encuentro, Rajoy recibió al lehendakari, Patxi López, quien trasladó al jefe del Ejecutivo la necesidad de legalizar la antigua Batasuna y le pidió el acercamiento de presos al País Vasco.

No obstante, el Gobierno le dejó claro que no ha cambiado su postura ante la política penitenciaria.

Pocos días después fue Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, quien se trasladó a La Moncloa para ofrecer a Rajoy su apoyo para sacar adelante las grandes reformas, pero descartó un acuerdo estable durante toda la legislatura.

Mas no se olvidó de plantearle un pacto fiscal para Cataluña, pero para el Gobierno del PP este asunto no forma parte, de momento, de sus prioridades.

El pasado 28 de febrero Rajoy recibió al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, quien a la salida del encuentro no dudó en reconocer las dificultades que tendrán las autonomías para cumplir con el objetivo del déficit.

Fabra se llevó a Valencia el compromiso de celebrar antes de fin de año en su comunidad una cumbre de presidentes autonómicos.

Inmediatamente después le tocó el turno al jefe del Ejecutivo extremeño, José Antonio Monago. En su carpeta de reivindicaciones, una demanda prioritaria: el cumplimiento de la deuda histórica que el Estado mantiene con la comunidad y que viene recogida en el Estatuto de Autonomía.

Y un resultado: la promesa de Rajoy de iniciar las gestiones con Hacienda para satisfacer esa demanda y cuantificar el importe de la deuda.

Un día después, Rajoy recibió a la presidenta navarra, Yolanda Barcina, y se comprometió a que la comunidad foral, una de las autonomías más castigadas por el terrorismo, tenga voz en todo lo que tiene que ver con el final de ETA.

Con la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el jefe del Gobierno abordó el 5 de marzo las infraestructuras de la región, el déficit, el agua o los fondos especiales de Teruel.

Tres días después se reunió con el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, y lo hizo en la capital de la comunidad aprovechando su participación en una jornadas que el Partido Popular Europeo celebró en Palma.

Bauzá pidió a Rajoy que declare servicio público los vuelos de Baleares con la península, tal y como ocurre en el caso de Canarias.

El pasado jueves le tocó el turno a los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Cantabria, Ignacio Diego.

Con el primero se comprometió personalmente a concretar plazos reales para la conexión del AVE de Galicia con la Meseta y a buscar soluciones para que los astilleros públicos de la ría de Ferrol puedan continuar su actividad.

A Diego le expresó su voluntad de buscar fórmulas de financiación para las obras que restan del hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, que requerirían una inversión de 100 millones de euros.