El importante desfase en el déficit previsto de las comunidades autónomas de 1,6 puntos porcentuales en el cierre de 2011 es el principal responsable de que el conjunto de las administraciones públicas terminaran con un déficit del 8,51% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 6% del objetivo de consolidación fiscal.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, informó en conferencia de prensa de que estos datos fueron enviados en la tarde de ayer a la Unión Europea.

En su conjunto, las administraciones públicas tuvieron un déficit de 91.344 millones, mientras que el saldo negativo de las comunidades fue de 31.541, el 2,94% del PIB.

En el desglose por autonomías, las que registraron un mayor déficit fueron Castilla-La Mancha (7,30% del PIB), Extremadura (4,59%) y Murcia (4,33%).

Por contra, las de menor desequilibrio fueron Madrid (1,13% del PIB), la única que cumplió con el objetivo prefijado, Galicia (1,61%) y Canarias (1,78%).

El Estado registró un déficit de 54.739 millones, el 5,1% del PIB, frente al 4,8% previsto y las administraciones de la seguridad social terminaron con un déficit de 995 millones, el 0,09% del PIB, ante un superávit que se auguraba del 0,4%.

Según Montoro, esta desviación de la Seguridad Social es "inquietante", porque se está hablando del sistema público de pensiones e insistió en que hay que sanearlo mucho más.

Por su parte, las corporaciones locales cerraron 2011 con un déficit de 4.069 millones, el 0,38%, apenas 0,08 puntos más que marcaba la senda de consolidación fiscal.

Montoro no quiso responsabilizar del desvío del déficit a las comunidades autónomas y aseveró que ha habido una falta de "inaplicación" del Ejecutivo central de parte del sistema de financiación autonómica.

Por otro lado, pese a que eludió dar la cifra de déficit público que prevé el Gobierno para este año, aseguró que el Gobierno no aspira a que este dato se flexibilice y recalcó que España no necesita relajar nada, sino reconocer donde está.

El titular Hacienda y Administraciones Públicas esgrimió que "lo que hay que hacer es arbitrar un sistema para ver cómo se financian los servicios públicos con independencia de la administración que los gestiona".

Igualmente, insistió en "la importancia de la ley de estabilidad presupuestaria para controlar las instituciones y evitar situaciones de déficit y de incumplimiento de objetivos, incluso para instituir sanciones e intervenciones en los supuestos de reiterados incumplimientos de déficit público".

Por último, destacó que el compromiso del Gobierno es una reducción del déficit público lo más rápidamente posible porque conviene para el crecimiento, para crear empleo "y como país".

Del mismo modo, criticó los rumores procedentes de la Unión Europea sobre la posibilidad de que España hubiera inflado el déficit público en 2011 y fue tajante al asegurar que "quien diga esto dentro o fuera de la Comisión Europea es un perfecto desconocedor de la calidad de la estadística contable en España".

Entre tanto, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, señaló que los datos de déficit público "constatan que el Gobierno socialista cumplió con el objetivo".

En este contexto, defendió que el déficit del Estado se ha desviado sólo 0,3 puntos respecto a las previsiones, lo que se "corresponde a ajustes contables".