UPyD no logró que PP y PSOE apoyasen su iniciativa para cambiar el régimen retributivo de los expresidentes del Gobierno para que éstos no puedan compatibilizar las percepciones públicas con otras privadas como las que cobran Felipe González y José María Aznar de dos empresas energéticas.

La proposición no de ley que defendió el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán pretendía limitar temporalmente las prerrogativas que tienen los expresidentes cuando cesan de su cargo y que se estableciera un régimen de incompatibilidades, más por motivos de "ética pública" que por políticas de ahorro.

"No es de recibo" -subrayó- que en la situación actual se esté "imponiendo" a los ciudadanos todo tipo de medidas de recorte mientras queda salvaguardada la "casta política". Por eso, con esta iniciativa que fue rechazada, UPyD quería enviar un "mensaje" a la ciudadanía de que los políticos sí tienen una "profunda preocupación" por la moralidad y la igualdad.

Y en este sentido explicó que los expresidentes perciben unos 80.000 euros anuales, una cantidad que parece que es "calderilla" cuando, según recordó, el salario medio de un ciudadano es de 22.500 euros mensuales y hay muchos españoles que no llegan ni a los mil euros.

En contra de la proposición de UPyD, en la misma línea que otra que presentó IU con igual resultado el año pasado, votaron PP y PSOE, que además coincidieron en tacharla de "populista".

Así, el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna afeó a UPyD que haga propuestas "demagógicas" cuando en estos momentos "durísimos" lo que hay que hacer es centrarse en los problemas de la ciudadanía.

"Mientras ustedes se ocupan de esas dos personas (Aznar y González) nosotros lo hacemos de 5,3 millones de parados", subrayó el diputado popular tras señalar que las retribuciones presupuestarias que reciben los expresidentes están incluidas y detalladas en los Presupuestos.

De esta forma, reciben, en primer lugar, una indemnización por dos años equivalente al 80% del salario que tenían cuando ejercían su responsabilidad, la mitad que en Cataluña, según precisó en respuesta al diputado de ERC, Joan Tardá. También son beneficiarios de una pensión de jubilación y de una dotación de unos 80.000 euros anuales, además de un coche, seguridad y otros medios.

Al PSOE tampoco le gustó la iniciativa de Martínez Gorriarán y pidió a los diputados que no utilicen esta tribuna para "desprestigiar" a la clase política.