Intersindical Canaria (IC) ha exigido hoy al nuevo Gobierno del PP que Canarias tenga derecho preferencial a faenar en las aguas del banco canario-sahariano si se produce un nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, según ha informado hoy en un comunicado.

El sindicato nacionalista, con motivo de la reciente visita del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a Marruecos, señala además que esta demanda no es excluyente de la legítima aspiración del archipiélago a establecer sus propias aguas territoriales y fijar la mediana con respecto al Sahara "en la hipótesis de la futura y legítima constitución de Canarias como Estado".

Según IC, tras la medida tomada por la Unión Europea de dejar en suspenso el acuerdo pesquero con Marruecos se ha sometido a Canarias a un "nuevo atropello" que le lleva a perder al menos 400 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos por no poder faenar en aguas que le corresponden a la las islas "por razones históricas y geográficas".

Recuerda que dicha zona marítima "es y ha sido históricamente y por tradición compartidas en lo que se ha conocido desde hace muchos años como el Banco pesquero canario-sahariano".

IC indica además que la suspensión "de facto" del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, planteado desde la teórica hipótesis del derecho del pueblo saharaui a la explotación de las aguas incluidas en el mismo, "carece de efecto práctico más allá de un gesto testimonial favorable a la causa saharaui".

Según IC, Marruecos, pese a la suspensión del acuerdo, continuará en la práctica ejerciendo su control efectivo sobre esas aguas, e incluso, desde mañana mismo puede establecer un nuevo acuerdo con cualquier país no perteneciente a la UE.

El sindicato además pregunta al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero (CC), sobre la incidencia que va a tener en la cuestión pesquera la "falacia de la llamada delimitación de las aguas canarias" pactada con el anterior presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y que según anunciaron en su momento sería aprobada por el Congreso antes de 31 de diciembre del pasado año, indica la nota.