El expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP) se enfrenta desde mañana a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel en el primer juicio del caso Palma Arena, que se desarrollará durante todo el mes en la Audiencia de Palma.
La primera de las 26 piezas de las que consta el sumario de este caso de supuesta corrupción durante la legislatura autonómica 2003-2007 de Matas gira en torno a los supuestos pagos fraudulentos con fondos públicos, por valor de 483.186 euros, que el Govern balear hizo al periodista que le escribía los discursos.
Junto al expresidente balear serán juzgados dicho periodista, Antonio Alemany; la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; la exdirectora general de la televisión autonómica IB3, María Umbert, que también fue jefa de gabinete de Matas; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Mi-guel Romero, y el exdirector general de Comunicación del Govern balear Joan Martorell.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Jaume Matas de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración, mientras que su defensa reclama la absolución.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau también piden para Matas 15 años de inhabilitación absoluta por los cuatro primeros delitos y 8 años de inhabilitación para cargo público por el quinto de ellos.
Pago encubierto
En esta pieza se investiga el pago supuestamente encubierto del Govern balear al periodista Antonio Alemany de unos 4.500 euros mensuales por escribir los discursos de Matas, así como una subvención de 450.000 euros que recibió del Ejecutivo para poner en marcha una agencia de noticias y un contrato de 11.500 euros por elaborar unos reportajes deportivos que supuestamente no hizo.
Los fiscales acusan a Matas, Alemany -para quien pide 5 años y medio de cárcel- y a las otras cuatro personas de concertarse para beneficiar al periodista con fondos públicos por un valor total de 483.186 euros.
Para Dulce Linares, los fiscales reclaman 1 año y medio de cárcel; para María Umbert, 9 meses de prisión; para Miguel Romero, 4 años y medio, y para Joan Martorell, 2 años.
Sostienen que los acusados se concertaron para malversar este dinero en favor de Alemany "con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas" y con documentos oficiales de contenido "absolutamente inveraz".