La investigación judicial sobre el avión argentino que aterrizó en Barcelona con 900 kilos de cocaína entra en su fase final al año del decomiso con la imputación de tres tripulantes, hijos de excargos de las Fuerzas Armadas argentinas, y tres responsables del servicio de tierra de la aeronave.

El avión, de transporte médico y procedente de Cabo Verde, aterrizó a principios de enero de 2011 en el aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona) con 900 kilos de cocaína, operado por la empresa Medical Jet.

Un juzgado de El Prat abrió una investigación a raíz del hallazgo de la droga y decretó el ingreso en prisión de los tres tripulantes del avión, Gustavo y Eduardo Julià, hijos de un brigadier retirado que fue jefe de la Fuerza Aérea Argentina entre 1989 y 1999, y Gastón Miret, hijo de otro brigadier exsecretario de Planeamiento en la última dictadura argentina, han informado fuentes judiciales.

Además de estos tres encausados, que llevan ya un año en prisión preventiva, el juez ha imputado a otras tres personas, responsables de una de las empresas contratadas para realizar el "handling" del avión, servicio que incluye desde la atención a los pasajeros y la limpieza de la aeronave hasta las tareas de carga y descarga.

Estos tres operarios fueron imputados por las sospechas de que pudieran estar involucrados con el tráfico de cocaína, aunque en su declaración como imputados hace unos días se desentendieron del alijo y mantuvieron que desconocían por completo la carga del avión, han explicado las mismas fuentes.

Los responsables de la empresa de "handling", encargada también de efectuar las reservas del alojamiento de los tripulantes, se declararon ajenos al avión que llevaba el alijo y recalcaron que era la primera vez que la operadora contrataba sus servicios de asistencia del vuelo.

La investigación judicial, paralela a la que se sigue en Buenos Aires para tratar de averiguar el origen del alijo, entra ahora en su fase final, a la espera de que se efectúe el cotejo del contenido de las cajas negras del avión.

Con esa diligencia, el juzgado pretende averiguar si el piloto y el copiloto del avión imputados intercambiaron alguna expresión referente a la carga de droga que llevaban que haya quedado registrada en las cajas negras, más allá de las conversaciones que mantenían por radio, que siempre quedan registradas.

En la causa, que permanece parcialmente bajo secreto de sumario, también se incluye una prueba pericial que encargó el juez para determinar si la carga de 900 kilos debía ser apreciable en las maniobras de despegue y aterrizaje para los pilotos del avión, dados sus conocimientos aeronáuticos.

Ese informe pericial no es concluyente, según la defensa de los imputados, que a su vez ha encargado un dictamen de parte que sostiene que un cargamento de ese peso resultaría imperceptible para los pilotos.

Carlos Echevarría, abogado del copiloto Matías Miret, pedirá en los próximos días la puesta en libertad provisional de su cliente, alegando que ninguna de las diligencias practicadas hasta ahora prueban que conociese la carga del avión o que participara en su traslado.

Según se desprende de la investigación practicada, el avión fue supuestamente cargado a finales de 2010 en la localidad bonaerense de Morón, desde donde despegó rumbo a Barcelona, con escala en Cabo Verde.