Cinco funcionarios que trabajaron en la Administración valenciana y tuvieron responsabilidades en la suscripción de diversos contratos con Orange Market y otras empresas del grupo de Francisco Correa han defendido hoy la legalidad de esos procesos y han reiterado que no recibieron presión alguna.

La decimocuarta jornada del denominado "juicio de los trajes" ha concluido este mediodía con la declaración de cinco testigos (Agustina Sanjuán, Carlos de la Fuente, Pedro Hidalgo, Enrique Moreno y Margarita Vilarrasa) después de que la defensa de Camps renunciase al testimonio de José Manuel Vidal y Rafael Peset.

De la Fuente, funcionario que ejerció como secretario general administrativo de la Conselleria de Turismo, ha explicado que la decisión de contratar a la empresa que dirigía Álvaro Pérez "el Bigotes" se adoptó de acuerdo a unos informes previos, si bien ha explicado que fue preceptiva una autorización por parte de Presidencia en el caso de los contratos relacionados con Fitur.

"Es preceptiva la autorización del gabinete de Presidencia cuando se trata de actos de promoción institucional, y en este caso imagino que también", ha apuntado.

Nuevamente hoy se han vuelto a producir debates entre las defensas de los dos imputados, el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, sobre el contenido de los interrogatorios.

El magistrado presidente, Juan Climent, ha declarado impertinentes ciertas cuestiones relativas a la posible influencia de ambos procesados sobre los contratos públicos por considerar que no se les imputa nada en este sentido.

Los letrados Javier Boix (Camps) y Juan Casanueva (Costa) han protestado cada vez que Climent ha declarado impertinentes sus preguntas y han considerado que se menoscababa su derecho a la defensa porque la acusación popular estaba centrando su interrogatorio precisamente en el contenido de los contratos con Orange Market.

El letrado de la acusación popular, Virgilio Latorre, ha preguntado a Sanjuán, funcionaria que ejerció de secretaria general administrativa en las consellerias de Territorio y Sanidad, sobre un contrato menor suscrito con la citada mercantil en 2005 desde la Conselleria de Territorio y relacionado con Fitur.

Según su testimonio, no recuerda haber contratado a otras cuatro empresas del grupo de Correa todo lo relacionado al montaje y funcionamiento de un puesto en esta feria y desconoce quién actuaba de representante de las mismas.

De la Fuente ha explicado que el contrato de Fitur era uno de los más cuantiosos porque incluía la organización de la presencia de la Comunitat Valenciana en varios certámenes.

Preguntado por los requisitos que se exigió a las empresas que se presentaron al concurso público para su adjudicación, De la Fuente ha asegurado que no recordaba si a alguna de las firmas no se exigió cualificación técnica, como ha preguntado Latorre en alusión a Orange Market.

Pedro Hidalgo, que ocupó el cargo de director general tanto de Interior como para Personas con Discapacidad, ha recordado solo un contrato, por importe de unos 8.000 euros, suscrito con Orange Market en 2007 y relacionado con el montaje de pantallas en la Ciudad de la Justicia para el seguimiento de los resultados electorales.

Enrique Moreno, secretario general administrativo en la Conselleria de Turismo entre 2006 y 2009, ha insistido en que los contratos con Orange Market se firmaron de acuerdo con informes técnicos.

Margarita Vilarrasa, exjefa de servicio de asuntos generales de la Conselleria de Turismo, ha reiterado que no tenía motivo para adjudicar o negar un contrato a Orange Market y que se trató a esta empresa igual que al resto porque no había instrucciones al respecto.

El juicio se retomará el próximo lunes con la declaración de más testigos, pues se ha decidido que mañana no haya sesión.