El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, opinó ayer que hay que ver las causas que el juez Baltasar Garzón tiene abiertas en el Tribunal Supremo (TS) "con la normalidad con la que funcionan nuestros juzgados y tribunales".

Así lo expresó a los medios antes de participar en una mesa redonda sobre "Un nuevo modelo de Justicia para una España en crisis", junto al director del Observatorio de la Actividad de la Justicia, Enrique López.

De Rosa dijo que no entendía las declaraciones del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, cuando afirmó que es difícil no pensar que los juicios que Garzón tiene pendientes en el Supremo no son políticos.

"Estamos en un Estado social, democrático y de derecho, donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y podemos ser sometidos a todo tipo de investigación y nuestra obligación es colaborar con la administración de Justicia", indicó.

Al ser preguntado si cree que Garzón volverá a la Audiencia Nacional, De Rosa manifestó que hay que ver el resultado de los juicios en el TS, al tiempo que subrayó que "la normalidad debe imperar".

Explicó que Garzón "está siendo objeto de una investigación, será objeto de un juicio y si es inocente será absuelto y si no es inocente tendrá algún tipo de condena o responsabilidad".

Los ingresos de N. York

Garzón llegó a las 16:15 de ayer al TS, donde fue citado a declarar por el magistrado Manuel Marchena, instructor de la causa que investiga los ingresos que recibió por las conferencias que impartió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Se trata de la segunda ocasión en que Garzón declara en esta causa, abierta a raíz de la querella de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que acusan al juez de prevaricación y cohecho por el patrocinio de las conferencias, por el que ya testificó el 15 de abril de 2010.

La nueva declaración de Garzón se produjo después de que el martes declararan ante el instructor la funcionaria judicial que le acompañó a Nueva York, María del Mar Bernabé, y dos guardias civiles que participaron en la elaboración de un informe sobre las cuentas bancarias y declaraciones tributarias del imputado.

Dicho informe fue encargado por Marchena a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil para esclarecer el origen de los ingresos entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006.