La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer que el primer grupo de 14 imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos depositen fianzas por un importe total de 2.850.000 euros, equivalente a las cantidades percibidas por cada uno.
Mientras, El PP-A trasladó a la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso, un nuevo escrito en el que asegura tener "constancia" de la responsabilidad del actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.