La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.
Así consta en el escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, para autorizar los registros llevados a cabo esta semana por el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach en empresas de Barcelona de este supuesto entramado y cuyo contenido textual publican El Periódico de Catalunya y El Mundo en su web.
Tras conocer el escrito del juez, la Casa del Rey ha expresado su "respeto absoluto" a las actuaciones y decisiones judiciales y ha subrayado que "no tiene nada especial que decir en este momento", ya que se trata de "una indagación judicial que sigue sus pasos".
La operación ha supuesto el registro de varias de estas sociedades y también de la vivienda de Torres, a quien el fiscal tomó declaración anoche.
Fuentes de la investigación han explicado que el juez deberá ahora examinar toda la documentación para estudiar la posible citación como imputado de Urdangarín en el juzgado de Palma.
Según el auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones de euros.
"La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", relata el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín".
Este supuesto proceso de desvío de fondos públicos se produjo, según Anticorrupción, en el caso de dos convenios por valor de 2,3 millones de euros suscritos entre el Govern balear y Nóos en 2005 y 2006 para organizar dos congresos de turismo y deporte.
Después de conocer las actuaciones judiciales, el PP, el PSIB-PSOE y la coalición PSM-IV-ExM en el Parlamento balear han defendido la presunción de inocencia en la causa del Palma Arena y han abogado por que la Justicia prosiga con su trabajo.
A la vista de la investigación en Palma, el grupo de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes ha anunciado que llevará a la Fiscalía los pagos del Gobierno valenciano al Instituto Nóos en cuanto la Generalitat les facilite la documentación, al entender que hay "motivos para investigar", como se está haciendo en Baleares.
El portavoz adjunto de EU en la Cámara, Ignacio Blanco, ha indicado que parece que el "modus operandi" del Instituto Nóos con el Ejecutivo valenciano para organizar unos juegos europeos "que nunca se llegaron a celebrar" fue el mismo que en Baleares.
Al respecto, la portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, ha asegurado que el convenio que el Consell firmó con el Instituto Nóos está "auditado, en regla y perfecto" y ha recordado que no es a la Generalitat ni a los convenios con la Generalitat "a quien se está investigando".
Durante un mitin electoral en Rivas-Vaciamadrid, el líder de IU, Cayo Lara, ha afirmado que en la Casa Real no pueden pasar estas cosas y no se debería malversar "ni un céntimo", al tiempo que ha dejado claro que "si la ley es igual para todos, se llame Urdangarín o se llame como se llame, si la ha hecho que la pague".