La Policía judicial, por orden del juez instructor del caso Palma Arena, ha pedido información a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) sobre la relación de la Generalitat Valenciana con el Instituto Nóos. Los documentos solicitados se ciñen a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad de patrocinio y mecenazgo que por aquel entonces estaba presidida por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Por el momento, la Casa del Rey no ha querido hacer comentarios sobre la investigación en torno a las actividades del centro que lideró Urdangarín, pero puntualizó que "respeta" el trabajo de los jueces.

Los agentes de la Policía judicial, por orden del juez instructor del caso, José Castro, se personaron el lunes en la sede de la Consejería de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para pedir información de la relación de la Generalitat Valenciana con el Instituto Nóos.

A su llegada reclamaron dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió por aquel entonces Urdangarín, según confirmaron fuentes de la Generalitat Valenciana.

Concretamente, la información facilitada a la Policía, según las mismas fuentes, es de un contrato de la CACSA del 2004 para la celebración del evento Valencia Summit y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia, con el Instituto.

En el primero de los casos, se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.

Las mismas fuentes puntualizaron que el expediente ha sido objeto de fiscalización por la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas, que determinaron la inexistencia de responsabilidad y estimaron que estaba "plenamente justificada" la legalidad de las actuaciones que realizó CACSA.

En cuanto al otro convenio, se firmó por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años.

Éste tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.

Las mismas fuentes han apuntado que este convenio se llevó a cabo "dentro de la más estricta legalidad" y previa justificación del gasto por el Instituto Nóos. También, según el informe de fiscalización de la Intervención General, sin que se hubiera detectado ninguna irregularidad.