Empresarios del sector de la Dependencia de toda España han denunciado hoy la "asfixiante deuda" de las administraciones públicas con las empresas del sector, que asciende a 1.268 millones de euros y "pone en peligro" más de 300.000 puestos de trabajo y la atención de casi un millón de personas en todo el país.

Medio millar de empresarios participan hoy en Valencia en la Jornada sobre el sector de la Dependencia en la actual crisis económica, en unas sesiones en las que han puesto de manifiesto que la deuda puede provocar "un aluvión de cierres" ante la "imposibilidad de mantener su actividad y la atención a los dependientes en las condiciones actuales".

"El sector de la Dependencia no soportará más recortes, ni retrasos en los pagos", ha asegurado a EFE El Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría.

Echevarría ha anunciado que, hasta que no se pague la deuda, convocarán paros junto a trabajadores, usuarios y sus familias, el primero de ellos el 3 de noviembre.

Según el presidente de la FED, la administración pública en su conjunto (tanto estatal como autonómica, provincial y local) les debe unos 1.268 millones de euros, una deuda que "pone en peligro a más de 5.000 empresarios".

También peligran 200.000 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables, más de 100.000 puestos de trabajo indirectos y 15.000 millones de euros de inversión del sector.

"Es una situación dramática", ha asegurado Echevarría, quien ha indicado que hay empresas que llevan varios meses sin pagar a los proveedores ni las nominas de sus trabajadores y ya se están produciendo cierres.

"La Administración dice que tiene las arcas vacías, y aunque sabemos que hay poco dinero creemos que se puede ahorrar en otros gastos, pero no en el de una persona que precisa atención para comer, vestir o asearse", ha asegurado el presidente de la FED.

En España hay 4.010 residencias vinculadas a la patronal con 300.000 plazas privadas, que suponen el 75 por ciento del total de las residencias, aunque si se contabilizan las residencias públicas gestionadas por empresas privadas, el sector representa el 85 por ciento del total.

Para Echevarría, un "aspecto clave" son los precios de concierto, que, según señala, están "por debajo de las exigencias normativas", y que el sector tiene 40.000 plazas residenciales vacías.

A su juicio el problema "ha empeorado" con la transferencia de las competencias a las autonomías. "Dependemos de cuatro administraciones, muchas veces con las mismas competencias, que se culpan entre ellas por la falta de dinero".

También ha lamentado que las entidades bancarias no reciban a los empresarios del sector y ha señalado que si no se llega a una pronta solución "esto acabará en un cierre total y definitivo".

En este sentido, ha instado por tomar "medidas urgentes" que, según ha dicho, "pasan por reducir el gasto en otros sectores, modificación de baremos del cuidador informal y exigencia de control exhaustivo de las prestaciones del Cuidador Informal".

La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.