El PP defenderá hoy en el primer Pleno ordinario del Congreso tras el paréntesis estival una moción con la que intentará que la Cámara exija responsabilidades políticas al actual ministro del Interior, Antonio Camacho, y a su antecesor en el cargo y candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, por su actuación en el supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA en 2006, conocido como caso Faisán.
Esta moción es consecuencia de la interpelación que su portavoz en la Comisión de Interior, Ignacio Cosidó, dirigió al titular de Interior en la última sesión de control al Gobierno que tuvo lugar antes del verano.
En la práctica el texto es una reprobación a la actuación de Camacho y Rubalcaba porque el PP persigue la Cámara declare "indispensable y urgente la asunción de responsabilidades políticas por parte de los superiores jerárquicos del que fuera director general de la Policía en el momento del chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún, tras su procesamiento por un posible delito de colaboración con organización terrorista".
En la exposición de motivos, el PP señala la existencia de una "duda permanente sobre el estricto cumplimiento de la legalidad por parte de los responsables políticos del Ministerio del Interior", lo que, desde su punto de vista, "exige ineludiblemente la asunción de responsabilidades políticas" por parte de quienes han sido los "inmediatos superiores en el Gobierno" de los procesados por el supuesto soplo.
Censura a Jáuregui
El PP también busca que el Congreso sancione al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, por, según recalcan, tildar de "disparate" el auto del juez Pablo Cruz. Para el primer partido de la oposición estas declaraciones "son una muestra más de la necesidad de que el Parlamento siga exigiendo al actual Gobierno un mayor respeto al principio de división de poderes".
Por eso han incluido un punto en la moción en el que exigen a los miembros del Gobierno que respeten "la independencia del Poder Judicial".
En la moción también se exige a los miembros del Ejecutivo respeto a las resoluciones judiciales, en línea con una propuesta de resolución aprobada en el último debate del Estado de la Nación, así como proceder al cumplimiento urgente de las sentencias de los tribunales de justicia que anulan los nombramientos de puestos de libre designación en el Ministerio del Interior.