Tras superar ayer su primer trámite parlamentario, la reforma constitucional entró ayer en una nueva fase en la que PSOE y PP negocian con CiU para llegar a un acuerdo, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ve difícil de alcanzar.

Los dos grupos mayoritarios en la Cámara tenían ayer apenas 24 horas para sumar un mayor consenso al acuerdo alcanzado, ya que el plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa de reforma culmina hoy a las 14:00.

Zapatero insistió en que esta propuesta era muy "perentoria". "Ahora una reforma nos es útil, muy útil", señaló. En su primera rueda de prensa tras plantear la reforma, admitió las dificultades en la negociación con CiU y dijo que no es fácil incorporar al proyecto algunas de las propuestas de CiU al proyecto.

Para Zapatero, las discrepancias de CiU tienen "algo más que ver con una interpretación", que "no es correcta", sobre el impacto de la reforma en el autogobierno y en la autonomía financiera de las comunidades. Aseguró también que tiene más "cercanía que nunca" con el candidato socialista para el 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Rubalcaba defendió la estabilidad presupuestaria y situó a los socialistas "entre los manirrotos que defienden una deuda excesiva y los fanáticos del déficit cero", convencido de que "la deuda es como el colesterol malo". "Lo que está pasando en Grecia no lo quiero para mi país, aunque me cueste votos", dijo Rubalcaba.

El PP también confirmó la existencia de conversaciones con CiU, que ya mantuvo desde el primer momento en que se empezó a negociar con el PSOE.

Desde Andalucía, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, pidió "prudencia" a quienes critican el pacto con PSOE y PP para la reforma, porque "es España entera la que se está jugando su credibilidad y la que se está jugando su futuro".

Las enmiendas

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Fátima Báñez, aclaró que es una negociación a tres bandas porque así lo han acordado con los socialistas.

Por su parte, los nacionalistas trabajan en la redacción de las enmiendas que tiene previsto presentar y con las que busca, entre otras cosas, que se fije un tope máximo de déficit fiscal entre las autonomías y el Estado y que se garantice la autonomía financiera de las comunidades.

IU, según explicó su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, mantiene su intención de presentar una enmienda a la totalidad del texto y por ello inició conversaciones con ERC y BNG para que se sumen a la misma.

El contenido de la enmienda, precisó, se basará en la supresión del criterio de contención y evolución de la deuda por un objetivo de políticas sociales y Estado del bienestar.

El PNV, por su parte, aprovechará el proceso para presentar dos enmiendas al articulado de la proposición de Ley de PSOE y PP. Su portavoz, Josu Erkoreka, anunció que la primera de ellas pretende que se cite expresamente a los territorios forales vascos porque, de lo contrario, "constreñiría su capacidad financiera". La segunda enmienda busca que la Constitución reconozca en su disposición adicional el derecho del pueblo vasco a la autodeterminación.