Las diputaciones catalanas de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida achacaron ayer al interés electoral del candidato del PSOE a los comicios del 20 de noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, que haya puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro de las diputaciones al dudar de su utilidad al menos en la forma que están concebidas.

Para las cuatro corporaciones de CiU, el envite lanzado por Rubalcaba se debe únicamente a un interés electoral, y le reprocharon que lo ponga sobre la mesa ahora que el PSOE solamente preside ocho en todo el Estado y después de haber formado parte del gobierno socialista.

"Es curioso que hasta ahora no lo haya descubierto", ironizó el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve.

El titular de la Diputación de Girona y alcalde de Salt, Jaume Torramadé coincidió con él y aseveró que "las declaraciones del señor Rubalcaba se han de enmarcar en un clima estrictamente preelectoral".

En el mismo sentido se expresó el vicepresidente primero de la de Tarragona, Albert Vallvè.

Pese a que CiU, que desde las elecciones municipales preside los cuatro entes provinciales, defiende la división territorial de Catalunya en veguerías, comarcas y municipios -lo que supone la supresión de las diputaciones- Barcelona y Tarragona han señalado que en un contexto de crisis estas administraciones "son más necesarias que nunca".

Tanto Esteve como Vallvè defendieron el papel que representan en la actualidad las diputaciones, especialmente por los servicios que prestan a los municipios más pequeños, aunque reconocieron la necesidad de emprender reformas encaminadas especialmente a evitar duplicidades de gobierno.

Institución anquilosada

El más crítico con el papel actual de las administraciones provinciales fue Torramadé: "Es una institución anquilosada, con unos planteamientos que no se adaptan a su tiempo", sentenció.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, trató de eludir la polémica y se limitó a constatar que la organización territorial que estipula el Estatut es la de municipios, comarcas y veguerías. Así pues, se comprometió a trabajar "por hacerlo posible".

Por último, recordó que la modificación de la organización territorial de Catalunya requiere modificar leyes orgánicas del Estado, lo que pasa obligatoriamente por un acuerdo con PSOE y PP.