El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, consideró ayer "una auténtica algarada populista de corte electoral" la propuesta de algunas autonomías de devolver las competencias de Justicia al Gobierno central.
En declaraciones a los medios tras participar en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre "La reforma penal", Cuesta criticó la "tremenda incoherencia" de la recentralización de la Administración de Justicia.
El diputado socialista censuró el "planteamiento de propaganda" de las comunidades que reivindicaron "rabiosamente" las competencias de Justicia, pero "ahora intentan despejar sus problemas de gestión culpabilizando al Gobierno".
Las comunidades deben responder del ejercicio de su autonomía para gastar, ingresar y administrar, subrayó Cuesta, antes de indicar que "quienes más exigen devolver las competencias son las comunidades que menos han gastado en la Justicia".
Los informes de los Tribunales Superiores de Justicia denuncian que en lugares como Madrid o Murcia "no ha habido recursos suficientes para la justicia, que se ha descuidado, porque han preferido otros objetivos electorales", argumentó el parlamentario del PSOE.
Cuestionar el modelo
"Hoy, lo que no puede hacer una comunidad autónoma es incurrir, como en el caso de Madrid o Murcia, en la hipocresía" de despejar el problema y culpabilizar al Gobierno, resaltó Cuesta, quien se preguntó si las comunidades quieren que se las intervenga, si están negando la virtualidad del Estado de las autonomías o si defienden otro modelo constitucional.
El diputado socialista también se refirió al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para asegurar que "ese trabajo no va a caer en saco roto".
"Cuando se celebren las generales, gobierne quien gobierne en España, habrá un proyecto de ley al principio de la legislatura, donde se buscará el máximo de los consensos", pero que llegará a las Cortes in-formado por los colectivos profesionales y la ciudadanía.
Cuesta señaló que la LECrim "no es propaganda, sino el intento de abrir un debate serio" sobre la reforma del proceso penal y agregó que las necesidades del país persisten más allá de los calendarios electorales.
"Si se avanza en el proceso de información pública sobre el proceso penal en España, ello redundará en beneficio de que en la próxima legislatura se pueda cumplir ese objetivo", afirmó para asegurar que la LECrim será "un capital" para el Gobierno que llegue.