El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, de dar un "espectáculo irresponsable y negativo para el país" al "sembrar dudas" sobre la salud de las cuentas públicas de las comunidades autónomas.

Rubalcaba recordó a Rajoy que el pasado 31 de mayo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ofreció datos "transparentes, auditados e intervenidos" sobre la situación financiera y económica de las comunidades.

Cuentas suministradas por las propias CCAA, que se remiten a la UE y que son revisadas por las autoridades comunitarias, ha añadido.

Sobre la petición de Rajoy de convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el vicepresidente ha destacado que ya hay una reunión prevista para el mes de julio por lo que, a su juicio, "propone lo que ya está propuesto".

"Lo que lamento es que esa petición no la haya hecho el viernes, nos hubiéramos ahorrado ese espectáculo de acusaciones sin números, sin datos sobre las cuentas públicas de nuestras comunidades, que es un espectáculo irresponsable y negativo para el país", ha lamentado.

Preguntado por el análisis de la agencia de rating Moody''s que asegura que el Estado no tiene "instrumentos eficaces" para encauzar el déficit en las CCAA, Rubalcaba lo negó y afirmó que el Gobierno sí cuenta con mecanismos para limitar el gasto del conjunto de las administraciones públicas.

"Sí hay mecanismos y sobre todo hay una voluntad política de todas las CCAA de cumplir nuestros objetivos de déficit gobierne quien gobierne", concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda en funciones de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, precisó ayer que, a fecha de 30 de abril, la Junta de Comunidades adeudaba 416 millones de euros a proveedores y dejó claro que todas las facturas están contabilizadas en el sistema.

Araújo compareció ayer en rueda de prensa para presentar la cuenta general de la comunidad autónoma en 2010, una muestra -dijo- de la "transparencia" con la que el Ejecutivo regional está actuando en el traspaso de poderes frente a "la irresponsabilidad" del PP, al que acusó de socavar la confianza de los mercados en la comunidad para preparar el terreno a futuros recortes sociales.