En diciembre, la Audiencia Nacional absolvió a Arnaldo Otegi, ex portavoz de Batasuna, del delito de enaltecimiento del terrorismo del que se le acusaba por haber participado en un mitin en el velódromo de Anoeta de San Sebastián, en noviembre de 2004. Este miércoles, el Tribunal Supremo (TS) confirmó esa resolución, con el voto particular de dos de los cinco magistrados de la Sala. La Fiscalía había llevado el caso a sus manos al entender que Otegi asumió "un papel protagonista" en el acto, e incluso mostró vídeos de etarras ya fallecidos ("el lenguaje son palabras, gestos e imágenes").

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional afirmó en diciembre de 2010 que Otegi no cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo durante el mitin de Anoeta, sino que defendió "la conveniencia y necesidad de un proceso de diálogo y negociación para la resolución del conflicto de manera pacífica y democrática". Este miércoles, el TS lo ratificó.

El Tribunal celebró una vista pública para revisar aquella resolución. La Sala que se encargó de ello estaba presidida por el magistrado Julián Sánchez Melgar e integrada por Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Manuel Marchena y José Manuel Maza. Este último fue el ponente del caso. La Fiscalía había presentado un recurso, que los jueces desestimaron en menos de dos horas de deliberación.

La Sala también confirmó las absoluciones de Joseba Permach y Joseba Álvarez, acordadas en la misma causa. La Audiencia Nacional dictaminó que no fueron "autores concretos" de la exhibición de imágenes de etarras durante el acto y de la distribución de propaganda de la organización terrorista. No hubo unanimidad. Dos de los cinco magistrados emitirán un voto particular, informaron fuentes del TS.

EL FISCAL DEFIENDE QUE OTEGI FUE PROTAGONISTA

En la vista del miércoles, la Fiscalía defendió que Otegi se hizo con "un papel protagonista" en el mitin y que tanto él como Permach y Álvarez "promovieron, organizaron e intervinieron" en el mitin y "asumieron ese contenido enaltecedor" del terrorismo. El Ministerio Público recordó que, en el acto, se exhibió un vídeo con imágenes de etarras fallecidos y que "el lenguaje son palabras, gestos e imágenes".

También hubo mención a las palabras del ex portavoz de Batasuna, que dijo que era "más difícil hacer la paz que la guerra" y que era "justo" tributar "un homenaje a los caídos". Esta expresión es "un elemento externo muy poderoso", que prueba que existía "una complacencia" con los delitos anteriores y que Otegi "se unió a ese homenaje tributado anteriormente".

Los vivas a ETA que arrancaron sus palabras y el documento visual "no fueron ajenos" a la voluntad de los ahora absueltos, según el fiscal, que pedía 18 meses de prisión para cada uno.

La defensa mantuvo que Otegi no habló de los caídos "en ningún momento". Lo que intentaba, dijo, era transmitir su agradecimiento "a militares abertzales, concejales y todos aquellos que han gestionado los Ayuntamientos". Jone Gorizelaia, representante legal de Otegi y Permach, aseguró que sus clientes no tenían "una voluntad enaltecedora", sino que querían presentar "una propuesta de paz para llevarse a cabo por vías políticas y pacíficas".

Iñigo Iruin, abogado de Joseba Álvarez, destacó "la rotundidad" de la resolución de la Audiencia Nacional. Después, el letrado fue al Tribunal Constitucional (TC) para presentar una demanda de amparo en contra de la decisión del TS de prohibir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior.

JUICIO EN LA AUDIENCIA

En el juicio en la Audiencia Nacional, los acusados reconocieron que participaron en el acto político, pero defendieron que no tuvieron responsabilidad ninguna en su diseño y que incluso ignoraban el contenido del mitin. Los tres aseguraron entonces lo mismo que sus abogados este miércoles ante el TS: que su finalidad no era "homenajear a ETA" sino "presentar una propuesta de paz".

En la vista, declaró como testigo Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE). Otegi aseguró que Batasuna "rechaza el uso de la violencia para imponer un proyecto político". La fiscal Teresa Sandoval defendió que los tres acusados habían controlado lo ocurrido de forma "inequívoca", y recordó los numerosos ''gora ETA'' que se escucharon en el recinto.

La Audiencia Nacional entendió que no se puede considerar que las pruebas que intentaban demostrar la intervención de los acusados en la planificación del acto sean "definitivamente concluyentes". La resolución recoge que éstas "dejan un margen de duda suficiente y razonable sobre su verdadera implicación en los hechos".